Nuestro lema "Luchadores por la vida" Nuestra misión, paliar los efectos del VIH/sida y la Hepatitis y erradicarlos

Categorías


Cuba busca el esquivo despegue de la producción lechera

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Vie, 26/06/2015 - 18:28

Unas vacas se alimentan en un pesebre al aire libre en una finca de Camagüey, en Cuba. El incremento de la ganadería lechera es una necesidad para el país, que requiere impulsar la producción de leche y de sus derivados por razones económicas y alimentarias. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
CAMAGÜEY, Cuba, Jun 26 2015 (IPS)

Sobre los potreros de la extensa provincia central de Camagüey, pesa la meta de satisfacer 45 por ciento de la demanda cubana de leche, un alimento escaso y hasta ausente en los hogares más desfavorecidos del país.

“Hoy el territorio aporta 38 por ciento de la producción lechera, con 90 millones de litros. Se aspira llegar al récord de 140 millones, que cubrirían 45 por ciento de la demanda nacional”, explicó Jorge Luis Tapia, primer secretario provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal en esta isla caribeña.

La mayor provincia cubana dedica 78 por ciento de su superficie agrícola a la ganadería vacuna, que a lo largo de su historia le ha regalado esplendor a su capital, también llamada Camagüey, situada a 578 kilómetros al este de La Habana, con 500 años de fundada y la tercera más importante del país.

La producción lechera se situó el año pasado en 497,1 millones de litros, según la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Es un nivel insuficiente, que  obliga a destinar anualmente más de 180 millones de dólares para adquirir leche, de los 2.000 millones de dólares asignados por el gobierno a la importación de alimentos.

La oferta lechera total apenas cubre la demanda básica, que incluye las cuotas subsidiadas a embarazadas, niños y niñas hasta los siete años y personas con enfermedades específicas, servicios gratuitos de salud, la industria láctea y el turismo, creciente motor de la economía local.

Según especialistas, la producción lechera continúa muy rezagada dentro del agro cubano, que desde el inicio de las reformas económicas en 2008 sí logró elevar los cultivos de tubérculos y hortalizas, aunque aún de manera insuficiente para bajar sus elevados precios, difíciles de asumir por la mayoría de las familias.

Según la ONEI, durante el primer trimestre del año, la producción lechera se situó en 76,9 millones de litros, lo que significó una caída de 10,5 millones de litros con respecto al mismo periodo de 2014.

Entre 2007 y 2013 sí se logró un crecimiento notable, de 21 por ciento, en la producción lechera. Pero incluso con ese aumento, los volúmenes apenas representaron  52 por ciento de la producción de 1989, cuando se satisfacía la demanda.

Cálculos oficiales indican que el país requiere producir anualmente 1.000 millones de litros de leche, para satisfacer las necesidades internas.

Flamantes equipos de una nueva planta de leche en polvo de la Empresa de Productos Lácteos de Camagüey, en el centro de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

El necesario despegue lechero se juega en el campo, sobre todo en las fincas de propiedad privada y cooperativas, que al cierre de marzo concentraban 3.446.400 de las 4.127.300 cabezas de ganado registradas en el país por el estatal Centro Nacional de Control Pecuario.

De tradición centenaria, el polo ganadero de Camagüey figura entre los primeros beneficiados por un programa nacional de desarrollo de la empresa estatal para recuperar la producción de leche, informó Tapia durante una visita de la prensa internacional a esta ciudad patrimonial.

Pero la inversión extranjera en la provincia se enfoca solo en el turismo, salvo algunos proyectos puntuales en otros sectores, especificó el funcionario, la máxima autoridad camagüeyana, porque constitucionalmente el PCC es la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

Se anticipa que el gobierno socialista asumirá con fondos estatales la recuperación inicial del descapitalizado sector, que según analistas conlleva implicaciones hasta sociopolíticas, porque sigue pendiente la promesa hecha en 2007 por el presidente Raúl Castro, de poner un vaso de leche en toda mesa cubana donde haya niños y enfermos.

El rubro lechero está representado con solo uno de los 246 proyectos que conforman la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera propuesta en 2014, destinada a captar 8.700 millones de dólares.

Según cálculos oficiales, la economía cubana requiere inversiones anuales por 2.500 millones de dólares para salir de la crisis que arrastra desde 1991, cuando desapareció el bloque socialista soviético, por décadas su principal socio comercial y financiero.

El proyecto consiste en la reactivación de 22 granjas lecheras en la provincia de Mayabeque, que colinda con La Habana, para obtener 4,7 millones de litros de leche de búfala por año. Incluye el desarrollo de la genética bufalina, producción de alimento animal y el encadenamiento productivo con cooperativas agropecuarias.

Mientras tanto, este mes entraron en vigor nuevos precios de compra de la leche por parte de empresas estatales, a las que el sector campesino privado y cooperativo está obligado a vender buena parte de su producción.

Mientras tanto, este mes entraron en vigor nuevos precios de compra de la leche por parte de empresas estatales, a las que el sector campesino privado y cooperativo está obligado a vender buena parte de su producción.

En primer plano, Jorge Luis Tapia, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Camagüey, durante una exposición a la prensa extranjera sobre las perspectivas económicas provinciales. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Este es un buen incentivo”, dijo Danilo Iglesias, vicepresidente del sector agroalimentario del gobierno provincial de Camagüey, donde se proyecta elevar la producción lechera con el aporte de los 25.889 nuevos usufructuarios de tierra, dedicados mayormente a la ganadería.

Otros aspectos del programa son la mejora de la genética vacuna, más acceso a la inseminación artificial, siembra de pastos y plantas forrajeras proteicas como la caña, recuperación de la infraestructura, acercar los insumos a los campesinos y crear alternativas para el suministro de agua durante la estación seca, de noviembre a abril.

También funcionan 74 de los 147 centros de enfriamiento que deben estar cercanos a las fincas para evitar pérdidas y evaluar la calidad de la leche. “Alrededor de estas instalaciones, la empresa estatal de suministros agropecuarios creó puntos de venta de alimento animal y otros insumos que necesita el campesino”, detalló Iglesias a IPS.

Productores consultados por IPS señalan como principales obstáculos para el auge ganadero el aún limitado acceso a piensos y otros alimentos, el deterioro de las vaquerías y la carencia de recursos fundamentales como maquinaria, combustible y piezas de repuesto.

En segundo orden, inciden otras trabas como los excesivos controles actuales para la tenencia de ganadería mayor.

“Aunque cada finquero debe llevar un control del ganado, pudieran ser más flexibles los trámites porque hay que hacer demasiadas gestiones”, indicó a IPS el agricultor Jorge Viera, un productor de tubérculos, hortalizas y granos, que comenzó a incursionar en la ganadería en su terreno de 39 hectáreas.

La finca que Viera heredó de su padre abastece de alimentos frescos el cercano centro de la ciudad de Camagüey. Junto a sus seis jornaleros, el agricultor expresó sentirse más motivado por los nuevos precios de la leche para incrementar sus actuales 30 reses.

Alexis Gil, director de la Empresa de Productos Lácteos de Camagüey, reveló a IPS que “queda 20 por ciento de capacidad sin aprovechar en la industria”, a la espera del despunte lechero en el campo, durante un recorrido por la Fábrica de Leche en Polvo, que está arrancando sus actividades.

Primera de su tipo en el país, la planta producirá seis toneladas de leche en polvo durante el primer año de operación, a partir del acopio de 60.000 litros diarios de leche. Gil indicó que trabajará de “forma cíclica cuando los excedentes lecheros lo permitan”, habitualmente durante la estación lluviosa.

Editado por Estrella Gutiérrez

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Periodistas pagan el precio de la represión en Egipto

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Vie, 26/06/2015 - 17:18

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, se reúne en El Cairo con el entonces ministro de Defensa y posterior presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, el 3 de noviembre de 2013. Crédito: Departamento de Estado de Estados Unidos.

Por Kitty Stapp
NUEVA YORK, Jun 26 2015 (IPS)

El gobierno de Egipto envió a la cárcel a un número sin precedentes de periodistas, pese a la promesa de mejorar la libertad de expresión en el país, denunció el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés).

Un censo penitenciario realizado por la organización con sede en Nueva York a principios de este mes y publicado el jueves 25 concluyó que las autoridades egipcias tienen detenidos al menos a 18 periodistas por causas vinculadas a su labor informativa."El gobierno de Al Sisi actúa como si para recuperar la estabilidad Egipto necesitara una dosis de represión de las que no se ha visto en décadas, pero el tratamiento está matando al paciente": Joe Stork.

La cifra es la más alta desde que el CPJ comenzó en 1990 a llevar la cuenta de los trabajadores de los medios de comunicación tras las rejas.

El grupo afirma que el gobierno del presidente Abdel Fatah al Sisi, quien ganó las elecciones casi sin oposición en mayo de 2014, recurrió al pretexto de la seguridad nacional para reprimir los derechos humanos, incluida la libertad de expresión.

El general Al Sisi encabezó un golpe de Estado en julio de 2013, que depuso a Mohamed Morsi, del ahora ilegalizado Hermanos Musulmanes, tras un año en el poder, después de haber sido electo en las consideradas primeras elecciones democráticas del país. Un tribunal condenó a muerte a Morsi en mayo por conspiración, entre otros delitos.

Estados Unidos sigue siendo el mayor benefactor de El Cairo. Aunque el gobierno de Barack Obama envió en mayo a su Congreso legislativo un informe crítico sobre Egipto, de todas maneras recomendó que Washington siga apoyando a ese país con 1.300 millones de dólares en ayuda, principalmente militar.

IPS le preguntó a Sherif Mansour, coordinador para Medio Oriente y el norte de África de CPJ, si Estados Unidos debería utilizar su ayuda como presión para exigir reformas.

“Nos gustaría que los responsables políticos y las instituciones internacionales insistan en el respeto por la libertad de prensa y el cese absoluto de la censura vigente como condiciones para la ayuda bilateral y multilateral”, respondió.

“También deben pronunciarse contra los abusos contra la prensa tanto en las declaraciones públicas como en las comunicaciones privadas con el gobierno egipcio”, añadió.

Más de la mitad de los periodistas encarcelados trabajaban en medios en Internet, un indicio de que el gobierno egipcio se concentra cada vez más en la red mundial para acallar a los disidentes.

Seis de los periodistas en el censo del CPJ fueron condenados a cadena perpetua en un juicio colectivo realizado a 51 acusados.

Otros están detenidos en prisión preventiva, sin fecha prevista para su comparecencia ante los tribunales.

Uno de ellos es Mahmoud Abu Zeid, arrestado en agosto de 2013 cuando tomaba fotografías de la violenta dispersión de una sentada en apoyo del depuesto presidente Morsi, en la que murieron cientos de islamistas. Abu Zeid está en prisión preventiva desde entonces, sin una acusación formal.

Según la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), un elemento fundamental en la represión es el decreto sobre “entidades terroristas”, emitido el 26 de noviembre.

La definición de “terrorista” del decreto es sumamente amplia. Además de la violencia y las amenazas de violencia, la ley abarca todo delito que, en opinión de las autoridades, “dañe la unidad nacional”, el medio ambiente o los recursos naturales, e impida el trabajo de los funcionarios y la aplicación de la Constitución o las leyes.

“Terrorista” es toda persona que apoye a entidades que realicen estas actividades, y ese apoyo puede incluir “el suministro de información”.

Los comunicadores extranjeros también son blancos de la represión. El 23 de junio de 2014 un tribunal condenó a tres periodistas del canal de televisión satelital Al Jazeera y a 15 más por su presunta asociación con el proscrito Hermanos Musulmanes.

Washington protestó en su momento que el veredicto “se burla de las normas más elementales de la libertad de los medios de comunicación y representa un golpe contra el progreso democrático en Egipto”, pero no cesó la ayuda a El Cairo.

Los tres periodistas de Al Jazeera, que habían trabajado anteriormente en otros medios de comunicación internacionales, son el egipcio-canadiense Mohamed Fahmy, el australiano Peter Greste y el egipcio Mohamed Baher.

Los periodistas fueron detenidos tras una redada a su estudio en el hotel Marriott de El Cairo, acusados ​​de pertenecer a Hermanos Musulmanes y de manipular material de archivo de video para “aparentar que Egipto se encuentra en una guerra civil”.

Los tres fueron inicialmente condenados a siete años en una prisión de máxima seguridad, con tres años adicionales para Mohamed por la posesión de un casquillo de bala que guardaba como recuerdo.

Otros, en su mayoría estudiantes, fueron acusados ​​de ayudar a los periodistas en la manipulación del material de archivo. Dos fueron absueltos, pero la mayoría fue condenada a siete años de prisión. Los procesados ​​en rebeldía fueron condenados a 10 años.

Fahmy, Greste y Mohamed ya salieron de la cárcel, aunque Fahmy y Mohamed deberán someterse a otro juicio por los mismos cargos de apoyo al “terrorista” Hermanos Musulmanes.

“El juicio fue una farsa total”, sostuvo Philip Luther, director para Medio Oriente y el norte de África de Amnistía Internacional.

En un informe publicado el 6 de marzo, HRW denunció que las detenciones arbitrarias y los arrestos por motivos políticos se multiplicaron desde que Al Sisi derrocó en julio de 2013 a Morsi.

“El gobierno de Al Sisi actúa como si para restaurar la estabilidad Egipto necesitara una dosis de represión de las que no se ha visto en décadas, pero el tratamiento está matando al paciente”, escribió Joe Stork, subdirector de HRW para Medio Oriente y el norte de África.

Según el CPJ, el presidente se prepara para promulgar una ley contra la delincuencia informática, en el contexto de la legislación antiterrorista, que permitirá a las autoridades bloquear portales de Internet y condenar a largas penas de cárcel a los usuarios por “dañar la paz social” y “amenazar la unidad nacional”, entre otros delitos vagamente definidos.

“Las posibles consecuencias para los blogueros y los periodistas son nefastas”, advirtió HRW.

El proyecto de ley ya fue aprobado por el gabinete ministerial. Solo falta la firma de Al Sisi para que la ley entre en vigor.

Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

¿Cómo promover la salud sexual en hombres gais y otros HSH en Europa?

gTt-VIH - La noticia del día - Vie, 26/06/2015 - 11:01

En 2103 se registraron en Europa 136.235 nuevas infecciones por VIH en 51 de 53 países europeos, lo que supone una tasa de 15,7 casos por 100.000 habitantes. A pesar de los avances en el tratamiento y en la prevención, la epidemia del VIH en Europa no disminuye desde 2004. Las razones están relacionadas con el hecho de que el VIH se sigue concentrado en poblaciones clave que, por diferentes razones, poseen un mayor riesgo de infección: hombres gais y otro hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y usuarios de drogas por vía intravenosa.

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Moda ética al rescate de artesanos del Sur

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Vie, 26/06/2015 - 09:30

Diseñadora haitiana-italiana Stella Jean (derecha) trabaja con Ethical Fashion Initiative (EFI) con artesanos haitianas. Crédito: ITC Ethical Fashion Initiative 5.

Por A. D. McKenzie
PARÍS, Jun 26 2015 (IPS)

“El trabajo es dignidad”, subrayó el italiano Simone Cipriani. “La gente quiere empleo, no caridad”, acotó. Esa fue la idea de su programa Ethical Fashion Initiative, creado en 2009, que vincula a algunos de los mayores talentos de la moda con artesanos de África oriental y occidental, Haití y Cisjordania.

La Ethical Fashion Initiative (EFI), con sede en Ginebra, es ahora un programa emblemático del Centro de Comercio Internacional, una agencia vinculada a la Organización Mundial del Comercio (OMC).“Trabajamos con mujeres que suelen sufrir discriminación en sus comunidades, pero al tener un empleo, su posición social mejora. Logran independencia y respeto, y en muchos casos se vuelven la principal fuente de ingreso de sus familias”: Simone Cipriani.

La EFI, que se concentra principalmente en mujeres de esas regiones, trabaja con diseñadores como Stella McCArtney y Vivienne Westwood para facilitar el desarrollo y la producción de “artículos de moda éticos y de alta calidad” con artesanos que viven en zonas de bajos ingresos tanto rurales como urbanas.

También procura que “la creciente generación de talentos de la moda de África logre colaboraciones respetuosas del ambiente, sostenibles y satisfactorias desde el punto de vista creativo con artesanos locales”.

El eslogan “no es caridad, solo trabajo” refleja el interés de la iniciativa de lograr una industria de la moda global más justa.

Por primera vez, este año, EFI colaboró con la feria de comercio internacional más importante para hombres, Pitti Immagine Uomo, que contó con representantes de cuatro países africanos durante el evento realizado del 16 al 19 de este mes.

El director general de Pitti, Raffaello Napoleone, señaló que los diseñadores africanos que este año participaron en el espacio Nación Invitada, priorizaron la fabricación en sus países, que ayuda a reducir la pobreza, y que estos ya son conocidos en el mercado internacional.

Analistas de mercado prevén que el valor global del sector de la vestimenta de venta al público crezca 20 por ciento con respecto a 2014 y que llegue a 1.500.000 dólares en 2017.

En ese contexto, los distintos sectores de la industria pueden convertirse en una fuente de empleo en muchas regiones, desde el diseño, pasando por la confección hasta la venta.

Pero en los últimos años, se instaló la controversia sobre la presunta exclusión de diseñadores y modelos de origen africano en eventos de alto perfil.

La escritora Tansy E. Hoskins, autora del libro “Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion (Puntadas: el libro anticapitalista de la moda)”, publicado el año pasado, dedica un capítulo entero a la cuestión de si la moda es racista.

Varias décadas después de que una reconocida revista de moda pusiera por primera vez a una modelo negra en su tapa, “las pasarelas blancas, las campañas de publicidad blancas y las imágenes de moda blancas son la norma”, asegura.

Simone Cipriani, fundador de Ethical Fashion Initiative (EFI). Crédito: A.D. McKenzie/IPS

A EFI le preocupa principalmente la reducción de la pobreza y el trato ético de los artesanos, pero Cipriani reconoce que el racismo es un problema y que la pobreza se relaciona tanto con cuestiones étnicas como de género.

En la industria de la moda hay compañías que tratan de adherirse a estándares éticos, que contemplan la diversidad, las condiciones laborales y la sostenibilidad ambiental; 30 marcas internacionales se suscribieron al proyecto de EFI. Pero no todas las empresas son adecuadas.

“Tratamos de trabajar casi exclusivamente con marcas que tienen un claro programa de responsabilidad empresarial y de participación social, de lo contrario siempre corremos el riesgo de ser usados y de tener que limpiar las chanchadas de otros”, explicó Cirpriani a IPS durante su estadía en París para reunirse con diseñadores.

“También tratamos de trabajar con grandes distribuidores y nos dimos cuenta de que era imposible por lo que hacemos”, acotó.

Hace dos años, en Bangladesh, más de 1.100 trabajadoras murieron y 2.500 quedaron heridas por el derrumbe de una fábrica tras ignorar las alertas de seguridad.

Allí se confeccionaban prendas para marcas como la italiana Benetton, que solo este año anunció que contribuiría con un fondo de compensación a las víctimas.

“Lo que ocurrió en Bangladesh fue un horror, y hay muchas situaciones en las que puede repetirse el mismo horror”, observó Cipriani. “Lo principal respecto de la responsabilidad siempre debe ser la gente. Condiciones laborales dignas”, acotó.

También remarcó que a muchos empleados que trabajan en la cadena de suministro de la industria de la vestimenta, el sueldo no les alcanza para vivir.

“No les pagan por su trabajo que les permite tener una vida digna”, subrayó.

En Haití, conocido tanto por su talento artístico como por su pobreza, los activistas sostienen que relacionar a los artesanos locales con diseñadores internacionales se puede lograr un impacto y lo ha logrado.

Por ejemplo, la diseñadora haitiana-italiana Stella Jean, quien trabaja con EFI, incorpora tradiciones haitianas del bordado y el uso de abalorios en su colección.

Jean, que está vinculada a EFI desde 2003, extrae varios elementos de sus diseños a través de los proyectos de EFI, explicó Cipriani.

La colaboración empezó con una visita a Burkina Faso, uno de los mayores productores de algodón de África y con una importante tradición de tejido a mano, en que la diseñadora vio la posibilidad de “trabajar con esos textiles producidos con ética”. Los incorporó como un elemento clave de sus colecciones de “prêt-à-porter” para hombres y mujeres.

El año pasado, lanzó una nueva línea de bolsos producidos en Kenia con telas de Burkina Faso y Mali y cuero vegetal curtido keniata, “lo que hizo de cada bolso un producto panafricano”, según EFI.

Las diseñadoras McCartney (quien no quiso se entrevistada) y Westwood realizaron varios pedidos en Kenia, y EFI realiza “evaluaciones de impacto” para analizar cómo se ajustan a los estándares laborales justos y “el impacto de esas órdenes en la gente y en las comunidades en las que viven”.

“Trabajamos con mujeres que suelen sufrir discriminación en sus comunidades, pero al tener un empleo, su posición social mejora”, explicó Cipriani. “Logran independencia y respeto, y en muchos casos se vuelven la principal fuente de ingreso de sus familias”, apuntó.

Pero la industria de la moda no se puede transformar totalmente sin una acción colectiva masiva, subrayó la escritora Hoskins.

“La moda ética se volvió una expresión que abarca temas como la toxicidad ambiental, los derechos laborales, las millas aéreas, la crueldad animal y la sostenibilidad del producto”, explicó.

“Luego de 20 años aproximadamente y, a pesar de algunas iniciativas innovadoras, sigue teniendo una ‘parte de mercado excepcionalmente baja’ de solo uno por ciento del mercado total de la vestimenta”, remarcó.

Según ella, preguntar si alguna vez la industria de la vestimenta llegará a ser ética es como preguntar y el capitalismo llegará a ser ético.

“Para mí la respuesta es que no porque está basada en la explotación, en la competencia y, por encima de todo, en la ganancia, y eso es lo que baja los salarios, baja los estándares ambientales y baja y baja”, dijo a IPS.

“Hay pequeñas compañías haciendo las cosas de modo diferente, pero producen quizá unos pocos miles de prendas al año. La industria de la vestimenta produce miles y miles de millones de prendas al año”, remarcó.

“¿Por qué no todos los productores se fabrican de forma ética?”, replicó.

“Los consumidores deben reclamar cambios. No pueden ser demasiado dóciles”, sostuvo Cipriani.

Editado por Phil Harris / Traducido por Verónica Firme

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Cuba y los primeros pasos de las reformas estructurales

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Jue, 25/06/2015 - 20:58

En los años 2008-2009 para el gobierno cubano resultó evidente que sostener un curso de desarrollo no sería posible sin profundas transformaciones estructurales y sin introducir un sistema de dirección económica más eficiente. Tras un proceso de discusión masiva, en abril de 2011 fueron aprobados los nuevos Lineamientos de la Política Económica y Social del […]

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Ola de calor se ensaña con los pobres en Pakistán

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Jue, 25/06/2015 - 20:10

Un niño de un asentamiento informal en Karachi carga con un recipiente para recoger agua en los grifos de viviendas particulares, que los habitantes más pudientes ponen a disposición de los pobres como un acto de caridad. Crédito: Zofeen T. Ebrahim/IPS

Por Zofeen Ebrahim
KARACHI, Pakistán, Jun 25 2015 (IPS)

Más de 950 personas murieron en apenas cinco días debido a la ola de calor que azota a Karachi, la ciudad más grande de Pakistán. Las morgues no dan abasto por la cantidad de cadáveres que siguen llegando, mientras que los hospitales están saturados.

Esta ciudad portuaria, donde viven 23 millones de personas, padece su peor ola de calor desde la década de 1950, según el Departamento de Meteorología del país del sur de Asia de 196 millones de habitantes."En mis 25 años de servicio, nunca he visto tantos cadáveres en tan poco tiempo": Mohammad Bilal.

El calor poco habitual, que comenzó el jueves 18, hizo que la temperatura subiera a 44,8 grados Celsius el sábado 20, bajara ligeramente al día siguiente y llegara a los 45 grados el martes 23.

Aunque el calor afecta a toda la austral provincia de Sindh, donde murieron 1.100 personas, su capital, Karachi, es la más golpeada, especialmente debido al fenómeno conocido como “isla de calor urbano”, que hace que 45 grados se sientan como 50, según los climatólogos.

En esta situación, el calor queda atrapado y convierte a la ciudad en una especie de horno a lenta cocción.

Todos los habitantes sienten el calor, pero la mayoría de los muertos son pobres, que padecen doblemente por la falta de acceso a la electricidad y porque viven en asentamientos atestados e informales que ofrecen poco respiro del sol ardiente.

La población pobre ya tenía pésimos indicadores de salud, y esa vulnerabilidad se agrava porque tienen escasas posibilidades de evitar la exposición al sol.

Anwar Kazmi, portavoz de la Fundación Edhi, la mayor organización humanitaria de Pakistán, dijo a IPS que 50 por ciento de los muertos fueron recogidos en la calle y es probable que sean mendigos, consumidores de drogas y jornaleros que no tienen más remedio que ignorar las advertencias del gobierno de permanecer dentro de sus casas hasta que pase el calor intenso.

En el segundo día de la crisis, con todos los espacios libres ocupados y cientos de cadáveres llegando a diario, la mayor morgue de la ciudad, administrada por la fundación, comenzó a enterrar los cuerpos que no habían sido reclamados.

“En mis 25 años de servicio, nunca he visto tantos cadáveres en tan poco tiempo”, aseguró Mohammad Bilal, director de la morgue de la Fundación Edhi, en diálogo con IPS.

El gobierno fue criticado por no alertar a la población a tiempo. El primer ministro Nawaz Sharif y el ministro jefe de Sindh, Syed Qaim Ali Shah, ordenaron tardíamente el cierre de escuelas y oficinas estatales.

El gobierno aconsejó a los habitantes de Karachi que se queden dentro de sus casas hasta que pase la ola de calor, pero los jornaleros no tienen opción, sin dinero no hay comida. Crédito: Zofeen T. Ebrahim/IPS

Los hospitales, por su parte, soportan la presión de tener que atender a unas 40.000 personas, que en toda la provincia sufren de insolación y deshidratación.

Saeed Quraishy, ​​superintendente médico del Hospital Civil, el mayor nosocomio público de Karachi, informó que el centro sanitario dejó de admitir pacientes para dedicarse exclusivamente a los casos de emergencia.

Energía y pobreza

La crisis expone varios problemas que azotan a Pakistán, como la escasez de energía, el impacto desproporcionado del cambio climático en los pobres y las consecuencias de la rápida urbanización. En Karachi, la metrópolis más poblada del país, estos problemas se magnifican.

Aunque el último censo es de 1998, las organizaciones no gubernamentales sostienen que hay decenas de millones de personas que viven y trabajan en la calle, entre ellos mendigos, vendedores ambulantes y trabajadores manuales.

Más de 62 por ciento de la población en la ciudad vive en asentamientos informales, con una densidad de casi 6.000 personas por kilómetro cuadrado.

Muchos de ellos carecen de servicios básicos como agua y electricidad, fundamentales en épocas de fenómenos climáticos extremos. Una forma popular de acceder a la red de energía eléctrica es el sistema “kunda”, de conexiones ilegales.

Apenas este mes, la empresa de electricidad de Karachi retiró 1.500 de estas conexiones ilícitas.

Pero incluso el 46 por ciento de los hogares del país que están conectados a la red eléctrica no tienen garantizado el suministro sin interrupciones. Pakistán tiene una escasez de energía diaria cercana a los 4.000 megavatios y no son raros los apagones de hasta 20 horas al día.

Las familias más pudientes pueden recurrir a los generadores, pero los aproximadamente 91 millones de personas que viven con menos de dos dólares al día no tienen opción. Solo les queda la batalla por la supervivencia, que muchos en la última semana han perdido.

Las instrucciones oficiales para combatir el calor no tienen sentido para la mitad más pobre de la sociedad pakistaní.

Tomar duchas frescas, consumir sales de rehidratación o permanecer bajo techo no son opciones para aquellos que viven con 1,25 dólares diarios o en asentamientos informales, donde cientos de familias deben compartir un grifo.

Tasneem Ahsan, otrora directora ejecutiva del Centro Médico de Posgrado Jinnah, aseguró a IPS que la acción preventiva habría salvado innumerables vidas.

“El gobierno debería haber ocupado espacios grandes, como los salones para bodas y las escuelas, y convertirlos en refugios con electricidad y agua para que la gente pudiera refrescarse en ellos”, recomendó.

La experta también señala que, con ese fin, el Estado debería haber instalado cisternas de agua en las localidades más pobres, aconsejado a la población sobre la ropa apropiada para enfrentar la ola de calor y distribuido folletos con métodos sencillos para protegerse.

Los medios de comunicación también tienen la culpa, según Ahsan, por informar de los muertos como si fueran resultados deportivos en lugar de difundir consejos que podrían haber salvado vidas, como, por ejemplo, “póngase una toalla mojada en la cabeza”.

Entre tanto, el gobierno de la provincia de Sindh canceló las licencias y vacaciones del personal médico y trajo personal adicional para hacer frente a la avalancha de pacientes, que se espera que aumente cuando los devotos sucumban por la fatiga y el hambre en el actual mes sagrado del Ramadán, en que los musulmanes practican el ayuno diurno.

Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Consejo de Seguridad ignorará informe sobre crímenes en Gaza

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Jue, 25/06/2015 - 17:42

Secuelas del conflicto de 2014 en Gaza. Crédito: Eskinder Debebe/ONU

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 25 2015 (IPS)

Una comisión de la ONU acusó a Israel y al movimiento palestino Hamás de posibles crímenes de guerra durante el conflicto en Gaza en 2014, pero es improbable que su Consejo de Seguridad tome medidas al respecto debido a la tradicional alianza entre Washington y Tel Aviv.

El  informe de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) concluyó que Israel realizó más de 6.000 ataques aéreos que mataron a 2.251 palestinos, incluidos 1.462 civiles, y que Hamás disparó más de 6.600 cohetes y morteros que mataron a seis civiles israelíes e hirieron a 1.600 durante los 50 días del conflicto que terminó el 26 de agosto de 2014."Cuando los funcionarios israelíes estén en el banquillo de los acusados, los… estadounidenses deberían estar ahí con ellos. Su conducta es inexcusable": Michael Ratner.

“La cifra de muertos por sí sola dice mucho. Y la magnitud de la devastación no tiene precedentes”, sostiene el informe publicado el lunes 22 por la Comisión Independiente de Investigación de la ONU sobre Gaza, integrada por su presidenta, la jurista estadounidense Mary McGowan, y por el abogado senegalés Doudou Dienne.

Para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el informe es “erróneo y sesgado”.

Pero en una conferencia de prensa el martes 23, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, John Kirby, se negó a hacer declaraciones referidas a si el Consejo de Seguridad de la ONU o la Corte Penal Internacional (CPI) tomarían medidas ulteriores en virtud del informe.

Kirby dijo a los medios de comunicación que Estados Unidos impugna “el mecanismo mismo que creó” la comisión, designada por el Consejo de Derechos Humanos, el cual Washington integra.

“Nosotros no vamos a refutarlo. Por cierto que lo vamos a leer, como leemos todos los informes de la ONU. Pero impugnamos la base misma sobre la cual este informe fue escrito, y no creemos que haya… necesidad de una labor adicional del Consejo de Seguridad al respecto”, declaró el portavoz.

“Nosotros no apoyamos ningún trabajo adicional de la ONU sobre este informe”, añadió cuando se le preguntó si el documento sería referido a la CPI.

“Rechazamos la base por la cual se creó esta comisión especial de investigación por su evidente sesgo en contra de Israel” respondió Kirby cuando se le indicó que Estados Unidos apoyó una investigación similar sobre la situación de derechos humanos en Corea del Norte pero rechazó la de Gaza.

“Estoy diciendo que nos oponemos al informe,” reiteró cuando se le preguntó si Estados Unidos también cree que el informe está sesgado en contra de Hamás.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos se opone a todo el informe, respondió que “a la base sobre la cual se estableció la comisión, y por lo tanto al producto resultante de ese trabajo”.

Michael Ratner, presidente emérito del independiente Centro para los Derechos Constitucionales, con sede en Nueva York, dijo a IPS que, una vez más, como ocurrió tras la agresión israelí a Gaza en 2008-2009, el informe de la comisión de la ONU sobre el conflicto de 2014 fue demoledor con respecto a los crímenes de guerra de  Israel.

Ratner señaló que 65 por ciento de los 2.251 palestinos muertos eran civiles, y que se ignoraron los principios legales internacionales de distinción y proporcionalidad durante las hostilidades.

“Sí, el informe también condenó a los grupos armados palestinos, pero la inmensa mayoría de los crímenes” se atribuyeron a Israel, destacó Ratner.

“¿Y ahora qué? Una vez más, Estados Unidos, el principal facilitador de los crímenes de guerra de Israel, como una avestruz, ignora la evidencia de los crímenes israelíes y continúa dándole miles de millones (de dólares) para que cometa más”, aseguró.

“Cuando los funcionarios israelíes estén en el banquillo de los acusados, los… estadounidenses deberían estar ahí con ellos. Su conducta es inexcusable”, subrayó.

Balkees Jarrah, abogada del Programa de Justicia Internacional de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, dijo a IPS que la CPI tiene jurisdicción sobre crímenes graves que se remonten al 13 de junio de 2014, cometidos en el territorio palestino o desde él.

Entre esos crímenes se encuentran los ataques indiscriminados contra la población civil, sean cometidos por israelíes o palestinos, incluidos los abusos durante el conflicto de 2014 en Gaza, señaló.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, realiza actualmente un examen preliminar para decidir si se debe realizar una investigación formal.

Ahora que la investigación de la CPI es posible, Israel y Hamás deben demostrar que están dispuestos y son capaces de investigar de manera creíble las acusaciones y someter a la justicia a quienes hayan violado las leyes de la guerra, explicó Jarrah.

“El informe de la ONU en Gaza deja en claro que en la actualidad ninguna de las partes lo está haciendo”, añadió.

En diálogo con IPS, Ratner dijo que “una vez más, el Consejo de Seguridad no tomará medida alguna ya que los vetos de Estados Unidos siempre son una amenaza inminente. Pero los crímenes de Israel y los informes al respecto siguen ahí”.

La siguiente escala seguramente será la CPI y esta semana, si todo sucede como está previsto, Palestina presentará su documentación sobre tres grupos de delitos, los asentamientos de colonos, los crímenes de guerra y el tratamiento de los reclusos, explicó.

“Israel, por supuesto, no hará nada, salvo gritar que Palestina no es un Estado, una discusión que ya perdió”, añadió Ratner.

La fiscal también puede indagar sobre los cohetes contra Israel procedentes de Gaza y es probable que si inicia una investigación preliminar sobre la conducta israelí, también investigue al lado palestino, manifestó.

Aunque no existen dudas reales sobre la violación de las leyes de la guerra por parte de Israel, y cómo se llevaron a cabo los ataques en Gaza, se presentarán distintos argumentos sobre la proporcionalidad aplicada en las hostilidades, entre otros aspectos similares, señaló.

Sin embargo, cuando se trata de la actividad en los asentamientos Israel no podrá presentar un argumento a su favor, sostuvo Ratner. Es un crimen de guerra absoluto para el cual no hay defensa y, en última instancia, para que la CPI tenga algo de legitimidad tendrá que abordar el tema, aseguró.

“Esperemos que, para el pueblo de Palestina, el tribunal lo haga más pronto que tarde”, concluyó.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

La homofobia rampante en algunos países europeos aumenta el riesgo de VIH en hombres gais

gTt-VIH - La noticia del día - Jue, 25/06/2015 - 10:35

De acuerdo con los resultados de un estudio publicado en la revista AIDS, los hombres gais y otros hombres que practican sexo con hombres (HSH) que viven en países europeos con leyes y actitudes que estigmatizan a las minorías sexuales se ven obligados a menudo a ocultar su orientación sexual, no disponen de los servicios y recursos preventivos necesarios para cubrir sus necesidades y tienen conductas sexuales de alto riesgo.

Aproximadamente 180.000 participantes de 38 países europeos respondieron en 2010 la Encuesta Europea para hombres que practican sexo con otros hombres (EMIS, en sus siglas en inglés), lo que la convierte en el estudio internacional más grande que se haya efectuado hasta el momento en esta población. El objetivo de este estudio fue obtener información sobre conocimientos, actitudes y conductas de los hombres gais y otros HSH en relación con la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La recogida de información se realizó a través de internet, utilizando un cuestionario online alojado en los principales portales europeos de contactos sexuales para HSH.

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Trinidad y Tobago apuesta a los jóvenes para cuidar los ríos

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Jue, 25/06/2015 - 09:30

Hace tres años, las inundaciones en la capital de Trinidad y Togabo dejaron a muchas personas sin más alternativa que vadear el diluvio. Pero luego, la sequía se convirtió en un problema. Crédito: Peter Richards/IPS

Por Jewel Fraser
PUERTO ESPAÑA, Jun 25 2015 (IPS)

Desde hace una década, la Autoridad de Agua y Saneamiento de Trinidad y Tobago realiza un mapeo de la calidad del agua, que le permitió observar desde hace cinco años, una tendencia preocupante.

La cuenca de la región occidental pasó de tener una calidad de agua moderada en algunos lugares a totalmente mala. En 2010, un estudio concluyó que más de 20 por ciento del área estaba en graves problemas.

“Dimos la voz de alerta”, señaló el hidrólogo David Samm. “La Autoridad de Agua y Saneamiento (WASA, en inglés) está preocupada”, reconoció.“Con estas iniciativas ecológicas para proteger el suministro hídrico de los ríos, podemos reducir la necesidad de medidas más costosas y que implican un mayor gasto energético como obtener agua gracias a la desalinización”: Natalie Boodram.

El organismo fue muy cuestionado durante la última estación seca que acaba de terminar. La población de comunidades afectadas realizaron protestas casi semanales por la falta de acceso al agua potable llevando pancartas y quemando llantas.

Pero factores que escapan a su control, como la variabilidad y el cambio climático, son actores significativos en esta crisis.

“En la estación seca, tenemos sequías prolongadas, por lo que no hay suficiente agua para recargar las capas freáticas”, explicó Samm. “Hay más lluvias intensas durante un período de tiempo dado y, por el desarrollo continuo, tenemos más problemas de inundaciones en la estación lluviosa”, añadió.

Por ello, hay una mayor escorrentía en la superficie “y el líquido se va por los cursos de agua hacia el mar. Eso hace que haya menor recarga de nuestros sistemas subterráneos”, explicó.

Alrededor de 60 por ciento del agua potable de Trinidad y Tobago procede de fuentes superficiales, dijo a IPS.

También hubo grandes obras de construcción a lo largo del corredor este-oeste de Trinidad, observó.

“Con el cambio climático y el aumento de la cobertura impermeable (por la urbanización), se reducirá la recarga de nuestro sistema subterráneo”, precisó Samm. Además, “con el crecimiento urbano, aparece basura en los ríos, (e incluso) refrigeradores”, acotó.

WASA se dio cuenta de que tenía que actuar para proteger el estado de los cursos de agua, de los que depende el suministro hídrico. En el verano de 2013, presentó el programa “Adopta un río”. Desde su lanzamiento, varios de ellos fueron adoptados, entre ellos seis de los más importantes, y ahora 175 personas trabajan en la iniciativa.

Los programas de adopción de ríos son conocidos en varios estados de Estados Unidos, pero el de Trinidad y Tobago es el primero del Caribe.

La iniciativa de WASA de concentrarse en los ecosistemas plantea un enfoque innovador para lograr que el acceso universal al agua potable sea sostenible, como fue evidente en el Resumen Ejecutivo del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Agua de 2015.

El documento señala: “La mayoría de los modelos económicos no valoran los servicios esenciales ofrecidos por los ecosistemas de agua dulce, lo que lleva a que no haya un uso sostenible de los recursos hídricos y a la degradación de los ecosistemas”, observa.

“La contaminación de las aguas servidas residenciales y los efluvios industriales debilitan la capacidad de los ecosistemas de ofrecer servicios hídricos”, apunta.

“Los ecosistemas del mundo, y en especial los humedales, están en declive. Sus servicios son poco apreciados, no se reconocen correctamente y están subutilizados en la mayoría de los actuales enfoques de gestión de recursos y económicos”, continúa.

“Una perspectiva más holística de los ecosistemas para agua y desarrollo que mantenga una combinación beneficiosa entre la infraestructura construida y la natural podrá asegurar la maximización de los beneficios”, propone.

A fin de reducir la pobreza y la degradación ambiental ayudando a las comunidades a ayudarse, como prevén los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ofreció fondos a uno de los participantes del programa “Adopta un río”.

A través del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el PNUD ofrece recursos económicos y apoyo técnico a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en “proyectos de conservación y recuperación del ambiente a la vez que mejoran el bienestar de las personas y su fuente de ingresos en el terreno”.

La Fundación de Justicia Social, que trabaja en áreas rezagadas del centro y sur de Trinidad, recibió poco menos de 50.000 dólares del PPD, que sumó a otros 65.000 dólares propios, para promover el programa “Adopte un río” entre jóvenes desfavorecidos y en riesgo en las comunidades de Siparia y Carlsen Field.

La iniciativa se extendió nueve meses, de septiembre de 2014 a junio de 2015, durante los cuales los jóvenes se capacitaron como ecolíderes y aprendieron a realizar análisis al agua para monitorear la salud de los ríos mediante el dispositivo La Motte, así como en la producción de vídeo para registrar su trabajo.

Aprendieron a analizar la temperatura del agua, el pH, la turbidez, el oxígeno disuelto, el fosfato y el nitrato, así como a registrar los cambios en esos parámetros en los nueve meses del proyecto.

Mark Rampersad, gerente de la fundación, dijo a IPS que la unidad de “Adopta un río” de WASA “afinó el alcance y la profundidad del proyecto y facilitó la realización de varios seminarios y talleres, que incluyeron la concienciación ambiental”.

El río Caparo, en el centro de Trinidad, y el Coora, en el sur, fueron los dos cursos de agua adoptados por la fundación.

El programa logró una respuesta favorable de las comunidades y las escuelas, pero el apoyo corporativo no fue el que hubieran deseado. Sin embargo, sí le fue bien en su solicitud al Fondo Verde y, con los recursos recibidos, continuará promoviendo el alcance de su comunidad, según dijo Samm.

Preservar la salud de los ríos también obedece a razones económicas, puntualizó Raj Gosine, director de recursos hídricos de WASA. “Es muy caro tratar el agua, así que el motivo de WASA también fue económico”, indicó.

“La cuestión clave es remarcar que todos podemos realizar aportes positivos”, añadió Gosine.

Además de monitorear la calidad del agua y la educación pública, el programa “Adopta un río”, de WASA, incluye reforestación y recuperación de bosques, así como ejercicios de limpieza.

La gerenta de programa de la Asociación Mundial del Agua, Natalie Boodram, dijo a IPS: “Programas como ‘Adopta un río’, que fomentan la reforestación de los cursos de agua y zonas ribereñas (ayudan a proteger los suministros hídricos propiciando la infiltración, en oposición a la escorrentía de la superficie)”.

“Con estas iniciativas ecológicas para proteger el suministro hídrico de los ríos, podemos reducir la necesidad de medidas más costosas y que implican un mayor gasto energético como obtener agua gracias a la desalinización”, explicó.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Verónica Firme

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

El teléfono inteligente, un arma contra la violación de los DDHH

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Mié, 24/06/2015 - 20:39

Hay organizaciones que están desarrollando aplicaciones de alerta que periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas pueden utilizar para enviar un mensaje de emergencia a sus amigos y compañeros de trabajo si sienten que corren un peligro inmediato. Crédito: Johan Larsson / cc by 2.0

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 24 2015 (IPS)

El uso generalizado de la tecnología digital, como las imágenes satelitales, las cámaras adheridas al cuerpo y los teléfonos inteligentes, es una nueva herramienta para registrar y denunciar la violación de los derechos humanos en el mundo.

“Todos hemos visto cómo se registran en los teléfonos celulares las acciones de agentes de policía y otras personas que utilizan una fuerza excesiva, y eso conduce a medidas contra los responsables”, declaró el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns."Debemos cuidarnos de la mentalidad que nos dice que 'si no es digital no sucedió’”: Christof Heyns.

Miles de millones de personas en todo el mundo llevan ahora en sus bolsillos un arma poderosa para registrar este tipo de hechos, afirmó.

“El hecho de que esto sea bien conocido puede ser un factor de disuasión importante contra los abusos”, añadió Heyns, en un informe ante la sesión número 29 del Consejo de Derechos Humanos, que comenzó sus tres semanas de reuniones en Ginebra el 15 de este mes.

Heyns señaló que los equipos y los programas que producen y transmiten la información en el espacio digital pueden desempeñar un papel creciente en la protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, al reforzar la función de los “testigos civiles” en la documentación de estas infracciones.

En su informe, Heyns exhortó al sistema de la ONU y otros organismos internacionales a “ponerse al día” con el rápido desarrollo de innovaciones en materia de investigación de los derechos humanos.

“La era digital presenta desafíos que solo pueden enfrentarse mediante el uso inteligente de las herramientas digitales”, sostuvo.

Javier El Hage, director jurídico de la independiente Fundación de Derechos Humanos (HRF, en inglés), con sede en Nueva York, dijo a IPS que puede corroborar las conclusiones del relator especial relativas a que las tecnologías informáticas y de la comunicación (TIC), como las cámaras de teléfonos celulares, son fundamentales en la documentación de ejecuciones extrajudiciales.

El Hage mencionó los ejemplos de sociedades democráticas, como Alemania o Estados Unidos, donde la documentación de instancias de brutalidad policial y ejecuciones extrajudiciales por parte de testigos civiles genera un control eficaz sobre el abuso de las fuerzas del orden.

Pero también se refirió a los ejemplos de “regímenes autoritarios”,  donde los propios testigos pueden ser víctimas de ejecución extrajudicial por filmar la brutalidad policial.

“Incluso en Corea del Norte, la sociedad más represora y cerrada del mundo, las imágenes satelitales hace tiempo que ayudan a determinar la ubicación exacta y el cálculo de la población en los campos de prisioneros, y recientemente ayudaron a revelar un caso… de fusilamiento, en el cual los verdugos utilizaron ametralladoras antiaéreas”, sostuvo.

Heyns informó que diversas organizaciones están desarrollando aplicaciones de alerta que periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas pueden utilizar para enviar un mensaje de emergencia, junto con sus coordenadas de GPS, a sus amigos y compañeros de trabajo si sienten que corren un peligro inmediato.

“Las nuevas herramientas de información también pueden potenciar las investigaciones sobre derechos humanos y ayudar a fomentar la justicia en los casos en que personas perdieron la vida o resultaron gravemente heridas”, según el relator especial.

El uso de otras tecnologías de video, como las cámaras de circuito cerrado de televisión o las que se sujetan al cuerpo, también pueden contribuir a llenar los vacíos de información.

Las imágenes satelitales pueden emplearse para verificar esos videos, o a veces para mostrar pruebas de los propios abusos, explicó Heyns.

Pero a pesar de las muchas ventajas que ofrecen las TIC, el diplomático dijo que no sería prudente ignorar los riesgos.

“Aquellos con el poder para violar los derechos humanos pueden con facilidad usar los mensajes de correo electrónico y otras comunicaciones de la gente para perseguirla y violar su privacidad”, advirtió.

El hecho de que la gente pueda usar los medios sociales para organizar protestas espontáneas puede hacer que las autoridades reaccionen exageradamente ante lo que perciben como una amenaza.

Por otra parte, existe el peligro de que lo que no quede registrado en el video no se tome en serio. “Debemos cuidarnos de la mentalidad que nos dice que ‘si no es digital no sucedió’”, subrayó.

El Hage dijo a IPS que su fundación coincide con Heyns en que las TIC son un arma de doble filo porque los gobiernos pueden emplearlas para “acceder fácilmente a los correos electrónicos y otras comunicaciones” de los ciudadanos, especialmente de opositores políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos para “violar su privacidad”.

HRF denunció recientemente los casos de vigilancia y persecución de los activistas Hisham Almiraat, en Marruecos, y de Waleed Abu Alkhair, en Arabia Saudita.

Asimismo, con otras organizaciones, HRF presentó un documento al relator especial de la ONU para la libertad de expresión para informarle sobre la forma en que el “cifrado” y el “anonimato” pueden proteger los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión.

En su informe, Heyns también advirtió que no todas las comunidades, y no todas las partes del mundo, están conectadas de igual forma, y llamó la atención sobre el hecho de que “aquellos que no están conectados a menudo tienen una necesidad especial de protección”.

“Queda un largo camino para que todos podamos comprender plenamente cómo podemos utilizar con mejor fin estas herramientas, emocionantes y en evolución, pero en cierto modo también atemorizantes”, dijo Heyns al destacar que la comunidad internacional no es del todo consciente del poder y las trampas que encierra la investigación digital de la realidad.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Lobby empresarial recibe atención privilegiada en la UE

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Mié, 24/06/2015 - 18:00

Reunión en la sede de la Comisión Europea. Crédito: Unión Europea.

Por Sean Buchanan
LONDRES, Jun 24 2015 (IPS)

Más de 75 por ciento de las reuniones que los funcionarios de la Comisión Europea y sus asesores más cercanos mantienen con grupos de presión son con representantes de empresas privadas, según un análisis difundido este miércoles 24 por Transparencia Internacional (TI).

La conclusión fue revelada por EU Integrity Watch, una nueva herramienta de TI para monitorear el lobby que “trabaja con gobiernos, empresas y ciudadanos para detener el abuso de poder, los sobornos y los pactos secretos”."Hay un fuerte vínculo entre la cantidad de dinero que gastas y el número de reuniones que recibes. Las organizaciones con los mayores presupuestos reciben mucho acceso, sobre todo en las carteras financieras, digitales y de la energía": Daniel Freund.

La evaluación actual de la influencia que mantienen los grupos de presión en Bruselas sucede a un informe que TI publicó en abril sobre el cabildeo en Europa y que analiza el lobby en 19 países europeos y en las tres instituciones de la Unión Europea (UE), compuesta por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el ministerial Consejo.

El informe mostró ejemplos de la influencia indebida en la política en la región y en Bruselas.

En ese momento, Elena Panfilova, vicepresidenta de TI, dijo que “en los últimos cinco años, los dirigentes europeos tomaron decisiones económicas difíciles que tuvieron grandes consecuencias… Los ciudadanos tienen que saber que los tomadores de decisiones actuaron en interés del público, no en interés de unos pocos”.

El nuevo análisis de TI revela que, de las más de 4.300 reuniones de cabildeo declaradas por los funcionarios de nivel superior de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, entre diciembre de 2014 y junio de 2015, más de 75 por ciento se mantuvieron con grupos de presión empresariales.

Solo 18 por ciento de esas reuniones se realizaron con organizaciones no gubernamentales, cuatro por ciento con centros de investigación y dos por ciento con autoridades locales.

El lobby de las corporaciones Google, General Electric y Airbus fue de los más activos, y las dos primeras están entre las que más gastan en Bruselas. Cada una declaró un presupuesto destinado al cabildeo en la UE de unos 3,5 millones de euros al año.

De las 7.908 organizaciones que se inscribieron voluntariamente en el Registro de Transparencia, que comprende a los grupos de presión de la UE, 4.879 buscan influir en las decisiones políticas del bloque en representación de intereses empresariales.

Las compañías transnacionales Exxon Mobil, Shell y Microsoft dedican los mayores presupuestos al lobby, entre 4,5 millones y cinco millones de euros anuales, según sus propias declaraciones al Registro.

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, dio instrucciones en noviembre de 2014 para que los miembros del organismo “garanticen un adecuado equilibrio y representatividad en las reuniones con las partes interesadas”. Crédito: CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

“La evidencia de los últimos seis meses sugiere que hay un fuerte vínculo entre la cantidad de dinero que gastas y el número de reuniones que recibes. Las organizaciones con los mayores presupuestos reciben mucho acceso, sobre todo en las carteras financieras, digitales y de la energía”, explicó Daniel Freund, de TI UE.

Según TI UE, el lobby empresarial presta la mayor atención a las carteras del clima y la energía (con 487 reuniones), empleo y crecimiento (398), economía digital (366) y mercados financieros (295).

Los comisionados a cargo de las tres últimas, el finlandés Jyrki Katainen, el británico Jonathan Hill y el alemán Günther Oettinger, tuvieron una cantidad particularmente baja de reuniones con la sociedad civil (tres, tres y dos, respectivamente), lo que representa entre cuatro y ocho por ciento del total de las reuniones que declararon.

Mientras que las grandes ONG internacionales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza y  Greenpeace, están entre las 10 de organizaciones con mayor cantidad de reuniones, TI destacó que los encuentros con la sociedad civil suelen celebrarse en mesas redondas con varios participantes a la vez.

En noviembre de 2014, el presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean Claude Juncker, dio instrucciones sobre los métodos de trabajo internos.

“Mientras que el contacto con las partes interesadas es una parte natural e importante de la labor de un miembro de la Comisión, todos esos contactos deben llevarse a cabo con transparencia y… (se) debe tratar de garantizar un adecuado equilibrio y representatividad en las reuniones”, señaló.

El nuevo análisis también reveló que 80 por ciento de las 7.821 organizaciones registradas actualmente no declararon una sola reunión con un Comisionado o su equipo, lo que demuestra las limitaciones de las nuevas disposiciones sobre transparencia de la Comisión Europea, que solo abarcan a uno por ciento del nivel superior de los funcionarios de la UE y 20 por ciento de los grupos de presión registrados.

Los funcionarios de nivel inferior, como el equipo que negocia el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, en inglés) entre la UE y Estados Unidos, no están cubiertos.

“La Comisión Europea debería ser felicitada por prestar esta perspectiva del lobby ante los funcionarios de alto nivel, pero esto es solo una parte del panorama”, sostuvo Carl Dolan, director de TI UE.

“Los funcionarios tienen reuniones de cabildeo en todos los niveles y se necesita una mayor transparencia para tranquilizar a la opinión pública sobre la integridad de la formulación de políticas de la UE”, añadió.

TI UE también encontró que muchas organizaciones siguen ausentes del registro, incluso 14 de los 20 mayores bufetes jurídicos del mundo con oficinas en Bruselas, como Clifford Chance, White & Case o Sidley Austin. Once de esas 14 firmas sí están registradas como grupos de presión en Washington, donde el registro es obligatorio.

“Mucha de la información que los cabilderos presentan voluntariamente con el registro del lobby es inexacta, incompleta o simplemente sin sentido”, aseguró Freund. Más de 60 por ciento de las organizaciones que hicieron lobby ante la Comisión Europea sobre el TTIP no declararon correctamente esas actividades, agregó.

Además, en el amplio paquete de reformas de los servicios financieros, titulado “Unión de los mercados de capitales”, muchos bancos, entre ellos HSBC, BNP Paribas y Lloyds, que mantuvieron reuniones con funcionarios europeos sobre este tema, no declararon en el registro su actividad en este ámbito.

El análisis de EU Integrity Watch también reveló cientos de declaraciones completamente sin sentido, ya que algunas organizaciones afirman que gastaron más de 100 millones de euros en el lobby ante el bloque o que mantienen a decenas de miles de personas dedicadas al cabildeo, lo que confirma la necesidad de controles más sistemáticos por parte de la Comisión y, en última instancia, un registro obligatorio.

Editado por Phil Harris / Traducido por Álvaro Queiruga

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Región amazónica debe reinventarse al concluir obra de Belo Monte

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Mié, 24/06/2015 - 16:26

Un barco turístico atracado a la orilla del río Xingú en Altamira, en el estado brasileño de Pará. La falta de embarcaderos y otros muchos servicios deberá corregirse para que el turismo represente una alternativa para contrarrestar el impacto económico y de empleo de la finalización de la megaconstrucción de la central hidroeléctrica de Belo Monte. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
ALTAMIRA, Brasil, Jun 24 2015 (IPS)

El aprovechamiento sostenible de su biodiversidad aparece para algunos como la mejor alternativa de desarrollo en el entorno de la gran central hidroeléctrica de Belo Monte, ahora que la construcción está en su etapa final en el río Xingú, en la Amazonia brasileña.

“La riqueza forestal y el conocimiento tradicional constituyen el futuro de la región, si se apoyan con nuevas formas de financiación y desarrollo tecnológico”, sostuvo Marcelo Salazar, coordinador local del no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA).

“La cobertura forestal aún está presente en 90 por ciento de esa área, que ofrece alimentos, caucho, productos medicinales y cosméticos, además de potencialidades turísticas, con los conocimientos de 11 etnias indígenas y muchos trabajadores extractivos”, arguyó en diálogo con IPS.

La central se completará en 2019, pero ya tiene 80 por ciento de sus estructuras construidas y estarán finalizadas en 2016. Durarán cuatro años más los trabajos de ensamblaje electromecánico de los gigantescos equipos de generación eléctrica, que requieren poco personal.

Eso significará el despido de decenas de miles de trabajadores y devolverá a la depresión económica algunos de los 11 municipios bajo influencia de Belo Monte, especialmente Altamira, capital del área en torno al río Xingú y a la carretera Transamazónica.

Altamira ya vivió algo similar con el masivo cierre de aserraderos cuando en 2005 comenzó una campaña contra la tala ilegal, dejando unos 5.000 desempleados. El efecto económico fue dramático para esta ciudad de unos 80.000 habitantes.

La localidad aún arrastraba esa crisis cuando en 2011 comenzó la construcción de la central, con capacidad para generar 11.000 megavatios, empleando paulatinamente a miles de trabajadores, la mayoría venidos de otras partes del país.

Ahora se apresta a sufrir un impacto más fuerte, porque además del desempleo  relacionado a las obras, quebrarán muchos negocios abiertos o ampliados durante el auge de la megaconstrucción.

“Muchos esperaban enriquecerse y no ocurrió. Cerca de 20 por ciento de las empresas irán a la quiebra, especialmente las que se endeudaron, como hoteles y restaurantes instalados a costa de préstamos”, destacó Vilmar Soares, dueño de una compañía gráfica y fundador de Fort Xingú, un movimiento de empresarios locales en apoyo a Belo Monte.

“Cerca de 4.000 personas foráneas que trabajan en Belo Monte residen en Altamira, eso elevó los alquileres y estimuló la construcción, pero quienes construyeron inmuebles con créditos también perderán”, acotó.

Marcelo Salazar muestra algunos productos forestales en la oficina del Instituto Socioambiental de Altamira, en el amazónico estado de Pará, en Brasil. El aprovechamiento sostenible de la riqueza forestal y del conocimiento tradicional son a juicio del especialista las claves para asegurar el desarrollo del área.
Crédito: Mario Osava/IPS

El precio de alquileres ya está bajando y caerá mucho más, vaticinó. Eso porque los que seguirán trabajando en la operación y mantenimiento de la central tendrán un barrio en la propia Belo Monte, localidad de la principal planta generadora, a 55 kilómetros de Altamira.

Empresario gráfico en la ciudad desde hace 33 años, Soares, un inmigrante de Goiania, 1.900 kilómetros al sur de Altamira, evitó pedidos de Norte Energía, el consorcio que tiene la concesión de la central por 35 años. Sus licitaciones representaban buenos negocios, pero temporales y generadores de una dependencia sin futuro, explicó.

“La depresión acá, sin embargo, será más suave que en otros casos de hidroeléctricas, porque hubo alguna planificación y debates para que la empresa destinara recursos a sectores definidos, como salud, educación, saneamiento y proyectos de desarrollo”, matizó.

No piensa así la Iglesia Católica local, contraria a la central. “El futuro es de desempleo creciente, la violencia aumentó y aumentará más, con 3,5 muertes cada semana, muchos heridos de bala o cuchillo en el hospital y caos en el tránsito”, evaluó  para IPS el vicario de la Parroquia de la Catedral de Altamira, Vandeir Alves.

“Los sueños de bonanza se convirtieron en pesadilla” para muchos que esperaban una prosperidad traída por la hidroeléctrica, la compensaciones anunciadas no se cumplieron y se violaron derechos de indígenas y poblaciones afectadas, añade el Foro de Defensa de Altamira (FDA), que aglutina 60 entidades como el ISA, sindicatos y asociaciones.

“Es turbulencia pre-LO”, opinó José de Anchieta dos Santos, director socioambiental de  Norte Energía, en referencia a la Licencia de Operación, tras concluir la evaluación de la autoridad ambiental, de rango nacional, que dará por cumplidas las exigencias impuestas al proyecto y autorizará la formación del embalse para generación energética.

“Cuando se emita la LO, se acaba la confusión”, confió a IPS.

La empresa espera obtener esa licencia en los próximos meses, pero sería ilegal según el FDA que considera incumplidas algunas medidas “condicionantes” exigidas en las licencias anteriores, como el saneamiento básico de la ciudad, reurbanización de sus partes inundables y reasentamiento de familias desplazadas.

El desorden urbano, algunas calles con aguas servidas a cielo abierto y los puentes todavía en construcción sobre los “igarapés” (brazos del río) parecen dar razón a los críticos. Pero Norte Energía refuta que todo estará concluido pronto.

El modesto Hotel Copacabana, en un suburbio de la ciudad de Altamira, la mayor en el entorno de la central hidroeléctrica Belo Monte, en la Amazonia brasileña. Ahora, el hospedaje tiene permanentemente colocado el cartel de “tenemos vacantes”, al contrario de lo que sucedió durante el auge de la construcción. Crédito: Mario Osava/IPS

“Se necesita tiempo, en cinco años Altamira será otra ciudad”, transformada por las obras de saneamiento, escuelas, hospitales y centros de salud construidos o reformados, un parque y playas a la orilla del río, subrayó Anchieta.

En el futuro Altamira será un polo de servicios de salud, reforzado por la Escuela de Medicina ya aprobada, y podrá desarrollar el turismo ecológico favorecido por el río y la selva cercana, pronosticó.

Avances en otro municipio

Vitoria do Xingu, un vecino municipio de unos 17.000 habitantes, se adelantó. Concluyó el saneamiento, ordenó la ciudad y está creando su secretaría y rutas de turismo aprovechando que en su territorio queda la planta principal de Belo Monte, una atracción como obra gigante de ingeniería, capaz de generar 11.000 megavatios.

En la carretera de 40 kilómetros entre Vitoria y la represa ya hay dos hoteles rurales y en un cerro se construirá un mirador que permitirá observar todo el Bajo Xingú, incluyendo la central, destacó a IPS el ingeniero municipal José Odinaldo Caldas.

Cascadas que no serán afectadas por la represa, rápidos para deportes náuticos, cuevas y sendas forestales para avistamiento de fauna son otros proyectos a explorar, añadió Joel Yamanaca, secretario municipal de Planificación.

Además se desarrollará la ganadería con industria láctea, la avicultura, piscicultura, horticultura y la producción de harina de mandioca con hartos estímulos oficial. “Desempleo solo afectará mano de obra no calificada”, aseguró.

Pero Altamira, con una población ocho veces más numerosa, siempre tendrá más hoteles, restaurantes y comercio, admitió.

Renato Filipine, de 44 años, se autodefine como “un tremendo emprendedor” por ampliar esos servicios. Con solo cuatro años en Altamira ya posee dos hoteles y un restaurante con 17 mesas. Está por establecer dos restaurantes más, uno cerca de Belo Monte donde olfatea un gran mercado futuro.

No teme la depresión económica, aunque uno de sus hoteles, el modesto Copacabana, que acoge obreros y sus mujeres los fines de semana, está condenado con el fin de la construcción. “Altamira sigue siendo el mejor lugar de Brasil, solo tenemos que adecuarnos a los cambios”, es su consigna.

Para Salazar, del ISA, la prioridad es la producción extractiva, como se define en Brasil el manejo sostenible y delimitado de bosques y selvas, porque en eso la región es competitiva y no en agricultura o menos aún en ganadería, arguyó.

Y se puede mejorar con “leyes adecuadas, tecnologías apropiadas, gestión de las cadenas empresariales y mejor logística fluvial”, apuntó.

Algunas empresas, como Natura Cosméticos y la panificadora Vickbold, ya compran materias primas y castañas de los bosques locales. Aunando extracción forestal, agricultura familiar e industrialización, Altamira pude ser uno de los varios polos de economía de la biodiversidad amazónica, concluyó.

Editado por Estrella Gutiérrez

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Proteger los manglares permite ganarse la vida en Sri Lanka

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Mié, 24/06/2015 - 09:30

Pequeños árboles de manglar cuidados por las beneficiarias de la Federación de Pequeñas Pesquerías de Lanka ayudan a la laguna Puttalam a recuperar parte de su gloria natural. El éxito del programa llevó al gobierno a apoyar un proyecto nacional de 3,4 millones de dólares. Crédito: Amantha Perera/IPS

Por Amantha Perera
KALPITIYA, Sri Lanka, Jun 24 2015 (IPS)

Los habitantes de la península de Kalpitiya, en el noroccidental distrito de Puttalam, en Sri Lanka, conocen muy bien la destrucción deliberada que sufre su bosque de manglar de 8.815 hectáreas y han decidido no quedarse con los brazos cruzados.

Kalpitiya posee el mayor bosque de manglar de Sri Lanka, la laguna Puttalam, así como ecosistemas de mangles más pequeños en la laguna Chilaw, 150 kilómetros al norte de Colombo.“Los manglares forman parte de nuestra vida, nuestra cultura. Si los destruimos, nos destruimos a nosotros mismos”: Douglas Thisera.

En este país como en el resto mundo, los manglares sufren varios riesgos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señaló que este ecosistema único, capaz de almacenar 1.000 toneladas de dióxido de carbono por hectárea en su biomasa, se talan a un ritmo entre tres a cinco veces mayor que otros bosques.

Un cuarto de los manglares del mundo ya se destruyó de forma irrevocable al influjo de la acuicultura, la agricultura, los desarrollos costeros no planificados ni sostenibles y la sobreesplotación de recursos.

En la costa occidental de Sri Lanka, a pesar del compromiso del gobierno de proteger lo que queda del bosque, el desmonte encubierto continúa, aunque a un ritmo menor. Y quizá siga disminuyendo gracias a un pequeño ejército de guardaparques, formados hace poco y muy abnegados.

Douglas Thisera, conocido como “maestro del manglar” se dedica a proteger los manglares desde hace dos décadas y media en el distrito noroccidental del distrito de Puttalam. Crédito: Amantha Perera/IPS

Pobladores se convierten en guardaparques

Conocido como “maestro del manglar”, Douglas Thisera, un pescador devenido en guardaparque es director de conservación de la Fundación de Pequeñas Pesquerías de Lanka (Sudeesa), y pasa sus días recorriendo hasta el último rincón de la laguna Chilaw buscando señales de destrucción.

Thisera se dedica a replantar y conservar manglares desde 1992, así que conoce el bosque y a sus enemigos como la palma de su mano.

“De repente aparecen removedores de terreno y otra maquinaria para talar vastas extensiones de manglares, pero para cuando se alerta a las autoridades, la destrucción ya fue hecha”, explicó a IPS.

De esa forma ocurre la deforestación que, con anuencia estatal, comenzó a principios de los años 90, cuando un programa de cultivo de camarón con apoyo del gobierno se arraigó en la laguna, y empresas privadas, junto a otras vinculadas a dirigentes políticos, talaban los manglares de forma indiscriminada.

Thisera se esforzó durante años por promover la participación de la comunidad en los esfuerzos de conservación, pero se sentía luchando contra un Goliath.

En la actualidad, en el marco de un programa de conservación de manglares en la región, Thisera no solo tiene apoyo económico, sino que una red de pobladores tan capacitados como él para la tarea.

El proyecto está a cargo de Sudeesa, cuyo presidente Anuradha Wickramasinghe, considera que solo se puede esperar salvar al bosque del retroceso con la acción comunitaria. Pero es más fácil decirlo que hacerlo.

La pobreza aqueja a la población de la noroccidental región costera y los últimos datos del gobierno indican que el ingreso de las familias pesqueras promedian los 16 dólares al mes y que 53 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza nacional.

El desempleo está 20 por ciento por encima del promedio nacional de 4,1 por ciento de la población económicamente activa.

Sudeesa creó un programa de microcréditos para incentivar los esfuerzos de conservación, diseñado especialmente para las mujeres.

A cambio de un préstamo con un interés realmente bajo para comenzar emprendimientos sostenibles, ellas cuidan árboles jóvenes, ayudan a replantar zonas boscosas y se encargan de prevenir la tala ilegal con fines comerciales.

Ya plantaron 170.000 árboles en un área de 860 hectáreas del distrito, y ahora trabajan para multiplicar ese número.

El futuro atado a la tierra

Las mujeres quedan a cargo de áreas precisas, la mayoría cerca de sus casas. Cuando hay una intrusión o tala ilegal, utilizan las redes locales o los teléfonos celulares para hacer correr la voz.

Thisera desempeña un papel crucial al actuar como intermediario entre las organizaciones locales y las redes de autoridades, que pueden activarse cuando las mujeres encienden la alarma.

Thisera señaló que los grandes intereses empresariales plantean la mayor amenaza a la población local. Pese a que una epidemia a fines de los años 90 diezmó la mayoría de los cultivos de camarones y dejó grandes tanques vacíos en los manglares, las compañías son reticentes a abandonar el área y muchas continúan pagando impuestos por las tierras que ocupaban.

“Quieren mantener una retención legal para otros fines”, explicó, como el turismo en la cima norte de la laguna Puttalam, reactivado tras el fin de la guerra civil en 2009.

“Los manglares forman parte de nuestra vida, nuestra cultura”, explicó Thisera. “Si los destruimos, nos destruimos a nosotros mismos”, alertó.

Confianza y autonomía

Hasta hace tres años, Anne Priyanthi, una viuda de 52 años con dos hijos, tenía dificultades para alimentar a su familia y no podía conseguir un préstamo por no “cumplir con los criterios”.

Pero en 2012, Sudeesa le otorgó un préstamo de unos 74 dólares, con los que puso un pequeño criadero de cerdos. Actualmente genera unos 182 dólares al mes,

Parece una miseria, pero le permite mantener a sus hijos en la escuela y en esta zona empobrecida, eso es un éxito monumental.

Desde 1994, Sudeesa ha otorgado 54 millones de rupias (unos 400.000 dólares) a 3.900 mujeres en el distrito de Puttalam. Responsables de la organización dijeron que 75 por ciento de los préstamos se devuelven.

Mientras ayudan a conservar los manglares, miles de mujeres logran ganarse una vida mejor para ellas y sus familias y ya no están pensando en cada momento de dónde sacarán la próxima comida. Crédito: Amantha Perera/IPS

Ahora el programa pertenece a una organización llamada Sudeesa Social Enterprises Corporation, que tiene unas 683 mujeres accionistas.

“Las accionistas a cargo de la organización son quienes deciden los préstamos, el plan de reembolso y el seguimiento de los casos morosos”, explicó la contadora Mala Appuhami.

Los microcréditos no operan de forma estándar, los intereses son inferiores al tres por ciento, y como las mujeres forman parte de la comunidad, están más interesadas en ayudarse entre ellas que en perseguir a las deudoras.

En un país donde el desempleo femenino es 2,5 veces superior al masculino, un programa de conservación y sustento representa un oasis en el desierto para las mujeres de Puttalam, en especial para las de mayor edad y sin educación formal, con muchas dificultades para encontrar un trabajo remunerado en el distrito.

Suvineetha de Silva, responsable de créditos, dijo a IPS que se notó un cambio en la actitud de las mujeres, que ya no están desaliñadas ni tímidas, ahora tienen la confianza de quienes se hicieron cargo de sus asuntos.

Y lo mejor es que los manglares de Puttalam tienen una posibilidad de seguir existiendo gracias al cuidado de estas decididas mujeres.

En el mundo se estima que 100 millones de personas viven en el entorno de los bosques de manglar.

¿Qué impacto tendría en la biodiversidad si todas ellas siguieran el ejemplo de Sri Lanka?

Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Verónica Firme

Este artículo forma parte de una serie especial titulada “El futuro es ahora: dentro de las comunidades más sostenibles del mundo”.

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Retroceso democrático en la mitad de los países de la ONU

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Mar, 23/06/2015 - 20:31

Policías de Estados Unidos arrestan a una manifestante en Oakland, California. Crédito: Judith Scherr/IPS

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 23 2015 (IPS)

Las libertades democráticas retrocedieron y el autoritarismo avanzó en 96 de los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según un nuevo informe independiente.

“El ataque sistemático generalizado contra estas libertades fundamentales de la sociedad civil toma muchas formas, incluidas la agresión, la tortura, el secuestro y el asesinato”, señala el Informe de Observación de la Sociedad Civil, de Civicus, una alianza internacional con sede en Sudáfrica dedicada a fortalecer la acción ciudadana en el mundo."Las actividades legítimas de la sociedad civil están… bajo amenaza en un gran número de países del Norte y el Sur global, democráticos y autoritarios, en todos los continentes": Dhananjayan Sriskandarajah.

Las dos regiones de “mayor preocupación” son África subsahariana, Medio Oriente y el norte de África, que acumulan más de la mitad de los países contabilizados por la investigación, publicada el 18 de este mes.

Este retroceso va en aumento no solo en países percibidos como democráticos, sino también en aquellos con regímenes represores.

“Sabemos desde hace tiempo que la invasión del espacio cívico y la persecución de los activistas pacíficos van en aumento, pero es más generalizada de lo que muchos piensan”,  aseguró Dhananjayan Sriskandarajah, secretario general de Civicus.

“Nuestro monitoreo en 2014 muestra que las actividades legítimas de la sociedad civil están… bajo amenaza en un gran número de países del Norte y el Sur global, democráticos y autoritarios, en todos los continentes”, agregó.

Según Civicus, los activistas dedicados a lograr cambios políticos y a exponer la corrupción y la violación de derechos humanos siguen siendo perseguidos, así como los defensores de poblaciones locales frente a la apropiación de sus tierras y la degradación ambiental y quienes defienden los derechos de los grupos minoritarios.

“El vínculo entre las prácticas comerciales poco éticas y la clausura del espacio cívico es cada vez más claro a medida que aumenta la desigualdad mundial y la captura de poder y de recursos por parte de un puñado de élites políticas y económicas”, señala el informe.

El activismo a favor de los derechos de los trabajadores y el reparto equitativo de los recursos naturales está cada vez más lleno de peligros, advierte.

Entre los ejemplos mencionados se encuentran los asesinatos de defensores del medio ambiente en Brasil, la intimidación a organizaciones que desafían la hegemonía económica en India y la detención arbitraria de activistas contrarios a la prospección petrolera en República Democrática del Congo.

Cuando se le pidió que identificara a algunos de los peores Estados ofensores, Mandeep Tiwana, director de Política e Investigación de Civicus, respondió que la organización no tiene “un ranking de infracciones”, aunque distinguió entre “países completamente cerrados” e “infractores activos de las libertades cívicas”.

Jenni Williams (con gorra) se dirige a un grupo de mujeres frente al edificio del parlamento en Harare. Zimbabwe es uno de los países africanos donde la represión de las libertades cívicas se intensificó. Crédito: Misheck Rusere/IPS

Tiwana explicó que los “países cerrados” son aquellos donde prácticamente no se pueden realizar actividades cívicas debido al entorno sumamente represivo, como sucede en Corea del Norte, Eritrea, Siria, Turkmenistán y Uzbekistán.

Los países que son “infractores activos de las libertades cívicas” encarcelan, intimidan y atacan a los miembros de organizaciones de la sociedad civil y aplican todo tipo de regulaciones para limitar sus actividades, en particular de quienes trabajan para exponer la corrupción y las violaciones de derechos humanos, distinguió.

En este segundo grupo se encuentran Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Belarús, China, Cuba, Egipto, Etiopía, Irán y Vietnam.

El informe también señala algunas de las tácticas empleadas para limitar el espacio cívico, como las leyes restrictivas y la persecución de organizaciones específicas mediante el allanamiento de sus oficinas o la congelación de sus cuentas bancarias.

Varios países democráticos también vigilan ilegalmente a los activistas, lo que debilita aún más el respeto de los derechos humanos.

La estigmatización y la demonización de los activistas por parte de poderosas figuras políticas y elementos de extrema derecha sigue siendo un motivo de preocupación, según Civicus.

“Cuando más de la mitad de los países del mundo violan los derechos democráticos más básicos del ciudadano, entonces deben comenzar a sonar las alarmas para la comunidad internacional y los gobernantes en todas partes”, manifestó Sriskandarajah.

Tiwana dijo a IPS que los gobiernos de Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Omán redoblaron sus esfuerzos para impedir las manifestaciones públicas y las actividades de las organizaciones de derechos humanos.

“No parece haber tregua en la censura oficial y la represión de los ciudadanos activos en los Estados autoritarios como China, Cuba, Irán, Corea del Norte y Vietnam”, subrayó.

En África subsahariana la represión de las libertades cívicas se habría intensificado en Angola, Burundi, Etiopía, Gambia, Ruanda, Sudán, Swazilandia y Zimbabwe, añadió.

Y los activistas y grupos de la sociedad civil en muchos países de Asia central y Europa oriental,  donde la democracia sigue siendo frágil o inexistente (como en Azerbaiyán, Belarús, Hungría, Kirguistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán y Turkmenistán), también padecen la reacción oficial que pretende aplastar sus demandas de reforma política.

En el sudeste de Asia, Tiwana indicó que países como Camboya y Malasia tienen un historial de gobiernos represores. En Tailandia, donde los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado en mayo de 2014, se siguen aplicando medidas de “seguridad” para restringir las libertades cívicas.

Cuando se le preguntó qué papel puede desempeñar la ONU en este contexto, Tiwana dijo que el Consejo de Derechos Humanos se transformó en un foro internacional clave para la protección de las libertades cívicas, en particular mediante el proceso del Examen Periódico Universal , que cada cuatro años analiza la situación de derechos humanos de los países.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos está recopilando las mejores prácticas de los distintos países para crear un entorno seguro y propicio para la sociedad civil.

El comisionado Zeid Raad Al Hussein es un activo defensor de la capacidad de la sociedad civil para actuar libremente, como lo fue su antecesora, Navi Pillay, una ardiente defensora de las libertades cívicas, expresó Tiwana.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Banco Mundial desampara a quienes se oponen a sus proyectos

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Mar, 23/06/2015 - 17:29

El Banco Mundial aumentó el apoyo financiero al sector algodonero de Uzbekistán, aunque hay pruebas de que se basa en un sistema de trabajo forzoso. Crédito: David Stanley / CC-BY-2.0

Por Kanya D'Almeida
NACIONES UNIDAS, Jun 23 2015 (IPS)

Un informe de Human Rights Watch (HRW) concluyó que el Banco Mundial ignora sistemáticamente las denuncias de abusos contra los derechos humanos vinculados a los proyectos que financia la institución financiera multilateral con sede en Washington.

En el papel, al menos, tanto el Banco Mundial como su sucursal de préstamos al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), se comprometieron a consultar y proteger a las poblaciones afectadas por los proyectos que financian."Esperaba una conversación muy constructiva con el Banco Mundial. En cambio, todo lo que oigo son respuestas vacías”: Jessica Evans.

Pero una investigación realizada entre mayo de 2013 y mayo de 2015 en Camboya, India, Kirguistán y Uganda,  recogida en el informe de HRW titulado A su propio riesgo, concluyó que los funcionarios del Banco ignoran sistemáticamente las denuncias de represalias severas contra quienes se manifiestan contra los proyectos financiados por la institución.

En algunos casos, el Grupo del Banco Mundial incluso omitió dar asistencia a integrantes del personal local que trabajan con sus funcionarios.

La autora del informe, Jessica Evans, destacó en conferencia de prensa el lunes 22 un incidente en el que un intérprete del Panel de Inspección del Banco Mundial, el órgano de control de la institución financiera internacional (IFI), fue enviado a la cárcel pocas semanas después de que el Panel concluyera su proceso de revisión.

Sin mencionar la identidad de la víctima para proteger su seguridad, Evans señaló que, aparte de interrogar a funcionarios gubernamentales “a puerta cerrada”, el Banco mantiene un completo silencio sobre la suerte del activista independiente que trabajaba para fortalecer el propio proceso de la institución.

Este tipo de acciones, o su omisión, “se burlan del compromiso declarado (del Banco) con la participación y la rendición de cuentas”, determina el informe.

HRW identificó decenas de casos en que activistas afirman haber sufrido acoso, maltrato, amenazas o intimidación por expresar sus objeciones ante iniciativas financiadas por el Banco o la CFI por motivos sociales, ambientales o económicos.

Debido a que las poblaciones próximas a los grandes proyectos de desarrollo tienden a ser muy pobres o vulnerables, y por lo tanto no tienen la posibilidad de presentar formalmente sus denuncias, el número real de personas que sufrieron este tipo de represalias con “seguridad” es mucho mayor que lo señalado en el informe, según los investigadores.

“Con respecto al tema de las represalias el silencio y la inacción del Banco Mundial ya cruzaron la línea” hacia el ámbito de la complicidad, afirmó Evans en diálogo posterior con IPS.

El Panel de Inspección planteó la cuestión de las represalias en 2009, lo cual le dio tiempo de sobra al Banco Mundial para que tomara las medidas necesarias con el fin de remediar el problema crónico y generalizado, añadió.

En cambio, sigue relacionándose con gobiernos que tienen malos antecedentes en materia de derechos humanos mientras que hace oídos sordos a las presiones y demandas de la sociedad civil para fortalecer los mecanismos que protejan a las comunidades indefensas y marginadas de las represalias violentas.

Un ejemplo es el caso de Elena Urlaeva, que dirige la Alianza de Derechos Humanos de Uzbekistán, con sede en Tashkent, y que fue detenida en un campo de algodón el 31 de mayo de 2015, mientras documentaba el sistema de trabajo forzoso que aplica el gobierno uzbeko en la producción algodonera.

Según HRW, Urlaeva fue detenida y sufrió abuso sexual durante una exploración sumamente violenta de sus cavidades físicas. Médicos y policías de sexo masculino, en búsqueda de una tarjeta de datos de su cámara, realizaron un procedimiento tan invasor que la hicieron sangrar.

A Urlaeva se le prohibió usar el baño y se la obligó a salir de la comisaría, en presencia de policías que la llamaron “puta” y la filmaron mientras hacía sus necesidades. Luego la amenazaron con publicar el video en Internet si denunciaba el tratamiento que le propinaron.

Evans recordó a IPS que todo esto ocurrió en el contexto del incremento del apoyo financiero del Banco Mundial al sector algodonero uzbeko. La institución ya comprometió 450 millones de dólares para financiar tres grandes proyectos agrícolas del gobierno, aunque existen pruebas de que el sector se basa en un sistema de trabajo forzoso.

Como no existe un mecanismo sólido dentro del Banco Mundial para hacer que su financiación cumpla con las normas internacionales de derechos humanos, hay un “riesgo real” de que los observadores independientes y activistas sigan soportando situaciones tan violentas como la de Urlaeva, subrayó Evans.

Reacción “decepcionante”

El Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas se pasan mutuamente, de un foro al otro, la responsabilidad por la violación de los derechos humanos relacionados con el desarrollo.

En su informe de mayo de 2015 para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, criticó los intentos de varios Estados miembros por mantener la economía, las finanzas y el comercio internacional “en cuarentena” en el marco de los derechos humanos.

El funcionario australiano criticó a las IFI por contribuir con esta cultura de la impunidad.

“El Banco Mundial puede negarse simplemente a comprometerse con los derechos humanos en el contexto de sus políticas y programas, el Fondo Monetario Internacional hace lo mismo, y la Organización Mundial del Comercio no es muy diferente”, aseguró Alston, añadiendo que estos organismos le pasan el problema al Consejo de Derechos Humanos, y este lo devuelve al campo financiero.

“No se puede tener un desarrollo próspero sin una participación sólida de la sociedad civil para fijar las prioridades de desarrollo, diseñar proyectos y supervisar su aplicación”, comentó Gretchen Gordon, coordinadora de la organización Bank on Human Rights, una alianza mundial de movimientos sociales que trabajan para que las IFI cumplan con sus obligaciones de derechos humanos.

Si los bancos y sus Estados miembros no asumen el liderazgo e implementan los protocolos y políticas necesarias “van a seguir experimentando el aumento de los fracasos en materia de desarrollo, los abusos de derechos humanos y los conflictos”, advirtió.

Aunque los investigadores de HRW buscaron el aporte del Banco Mundial y la CFI enviándoles una serie de preguntas en abril, solo recibieron una “respuesta sosa” que no abordó la cuestión de las represalias y se limitó a señalar que el Banco “no es un tribunal de derechos humanos”.

“Esperaba una conversación muy constructiva con el Banco Mundial. En cambio, todo lo que oigo son respuestas vacías. Propusimos recomendaciones muy pragmáticas sobre la forma en que el Banco puede trabajar con eficacia en entornos difíciles, pero estamos muy lejos de eso”, pronosticó Evans.

Tanto el Panel de Inspección del Banco Mundial como el Asesor en Cumplimiento /Ombudsman de la CFI recibieron el informe de HRW con entusiasmo, pero son organismos independientes y sin el poder necesario para lograr un cambio real en el Grupo del Banco Mundial.

Ese poder yace con el presidente de la institución, Jim Yong Kim, que tendrá que “tomar la iniciativa y enviar un mensaje claro a su personal que la cuestión de las represalias es un tema prioritario”, concluyó Evans.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Mujeres costarricenses buscan sacar del limbo aborto terapéutico

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Mar, 23/06/2015 - 15:33

En los hospitales públicos de Costa Rica, como el Rafael Ángel Calderón de San José, los médicos carecen de protocolos que regulen el aborto cuando por causas terapéuticas es legal. Como resultado, los profesionales restringen al máximo su práctica y dejan a las mujeres sin el derecho a la interrupción del embarazo cuando su salud corre peligro. Crédito: Diego Arguedas Ortiz /IPS

Por Diego Arguedas Ortiz
SAN JOSÉ, Jun 23 2015 (IPS)

La ausencia de un reglamento sobre cómo aplicar el aborto terapéutico en Costa Rica, obliga a las mujeres a depender de la interpretación de los médicos sobre las circunstancias en que puede realizarse el procedimiento, aun en los supuestos en que es legal. 

El artículo 121 del Código Penal de Costa Rica establece que el único aborto impune (legal), es solo aquel que realizan profesionales de la medicina “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.

Sin embargo, en la práctica las autoridades de salud reconocen únicamente el riesgo para la vida de la madre como causa para interrumpir el embarazo.

“El problema es que hay muchas mujeres que cumplen con las condiciones de este artículo, ellas piden el aborto terapéutico y se les niega con el argumento de que no hay riesgo para su vida”, explicó a IPS la abogada Larissa Arroyo, integrante de la Colectiva por el Derecho a Decidir.

“No es un problema de leyes, sino de interpretación de leyes”, explicó la representante de la organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Arroyo y otras activistas impulsan que Costa Rica acepte en este tema la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, un concepto asociado al bienestar físico y mental de las personas.

A falta de mayor claridad sobre cómo atender a mujeres embarazadas que solicitan la interrupción del embarazo, muchos médicos de los hospitales públicos rechazan realizar el procedimiento, que puede ser castigado con hasta tres años de cárcel, e incluso más si se dan algunos agravantes.

“Es complicado porque en la interacción que hemos tenido con doctores y doctoras, ellos nos dicen: ‘Vea, yo lo haría, pero no me lo permiten’”, explicó Arroyo.

Otros aducen objeciones de conciencia, vinculadas con el peso conservador de la dominante Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas.

En Costa Rica, el aborto está penalizado en todas las demás causales consideradas terapéuticas, como violación, incesto y malformación del feto, pero las activistas subrayan que en esos casos la salud emocional de la mujer se ve muy afectada.

“Muchas mujeres no piden la interrupción porque creen que está prohibido. Si las mujeres creen eso y también los doctores, no hay quien demande los derechos”, sostuvo Arroyo.

Esto deja en situaciones críticas a mujeres como Ana y Aurora, dos de las costarricenses que en los últimos 10 años estuvieron embarazadas de un feto que sabían que no sobreviviría, pero que los médicos no les permitieron abortar.

A finales del 2006, Ana quedó embarazada y una revisión médica tras seis semanas de gestación reveló que el feto padecía encefalocele occipital, una condición que provoca una hernia en la zona craneal incompatible con la vida fuera del útero.

Ante esa certeza, la mujer, entonces de 26 años, solicitó un aborto terapéutico y argumentó que gestar un feto sin posibilidades de sobrevivencia le producía depresión y problemas psicológicos. Pero las autoridades médicas y la Corte Suprema de Justicia desestimaron su demanda y tras siete horas de parto, su hija nació muerta.

La Colectiva y el Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Washington, llevan el caso de Ana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que el de Aurora, quien también reclama al Estado el haberle negado su derecho al aborto terapéutico.

Su caso es muy similar. En 2012, su feto desarrolló un síndrome llamado abdomen pared, donde se tiene abierta la pared abdominal y expuestos órganos claves como el corazón, el hígado y los intestinos. Sin haber desarrollado las piernas y con una escoliosis grave, su hijo murió inmediatamente después del parto.

El Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) manifestó en 2011 que “preocupa que las mujeres no tengan acceso al aborto legal, debido a la falta de directrices médicas claras en que se esboce cuándo y cómo puede hacerse un aborto legal”.

Por ello, demandó al Estado costarricense que elabore directrices médicas sobre el acceso legal, las difunda ampliamente y, adicionalmente, estudie la legalización del aborto en casos como la violación y el incesto.

A las presiones internacionales se acaba de sumar la nueva jueza de la Corte Interamericana de Justicia, la costarricense Elizabeth Odio, quien aseguró que “es obvio que se debe aplicar el aborto terapéutico que ya está en nuestra legislación”, en una entrevista con el diario local La Nación el 20 de este mes.

“Hay médicos que creen que es un crimen el aborto terapéutico y ponen en riesgo la vida de la mujer”, puntualizó la magistrada del tribunal interamericano, con sede en San José.

En marzo, el ministro de Salud, Fernando Llorca, admitió que “ha surgido el debate sobre la necesidad de desarrollar una norma de aborto terapéutico. La necesidad sí ha surgido y el debate está en el país”.

Las activistas apuestan por un protocolo que regule el aborto impune, que establezca la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que rige el sistema público de salud y maneja la prestación de los servicios sanitarios, incluidos los hospitales. Pero su avance está empantanado desde 2009.

“Con la Colectiva y la CCSS trabajamos durante varios años un protocolo, pero las autoridades de la Caja al momento de estar terminado lo remitieron a otra instancia e intervino la opinión personal de funcionarios y funcionarias que pasan más por lo emocional que por lo legal”, dijo Ligia Picado, de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC).

La activista, integrante de una de las organizaciones de la sociedad civil que más de cerca trabaja temas de derechos sexuales y reproductivos, explicó a IPS que “la dificultad es que no hay protocolo o una norma que respalde al personal de salud para que implemente el derecho de las mujeres”.

A su juicio, el protocolo es especialmente urgente para las mujeres “que no tienen  recursos para poder acceder a un servicio médico clandestino”, al contrario que otras que cuentan con posibilidades de costear alternativas dentro o fuera del país para interrumpir un embarazo que afecte su salud física o emocional, explicó Picado.

Los datos sobre abortos en este país de 4,7 millones de personas son más que exiguos. Según estimaciones de 2007 de la ADC, cada año se producen 27.000 abortos inducidos clandestinos, mientras no hay datos de aquellos realizados legalmente en centros públicos o privados.

Grupos de la Asamblea Legislativa han empezado a moverse para presionar a la CCSS para que apruebe el protocolo y el 17 de junio la Comisión legislativa de Derechos Humanos envió una carta a la Presidenta de la caja.

“Esperamos que llegue hasta las autoridades de la CCSS la necesidad de emitir la directriz de que los médicos no pueden alegar objeciones de conciencia y tienen que cumplir con la normativa costarricense”, explicó a IPS la diputada opositora Patricia Mora, quien promovió la misiva.

Editado por Estrella Gutiérrez

 

 

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Primeros datos demográficos de un ensayo en el que se prueba un anillo vaginal con un microbicida

gTt-VIH - La noticia del día - Mar, 23/06/2015 - 13:57

Recientemente, la revista PLoS One ha publicado un artículo en el que se recogen datos preliminares del ensayo ASPIRE (siglas en inglés de “un estudio para prevenir la infección con un anillo de uso prolongado”), un estudio de eficacia de gran tamaño en el que se está probando la administración de un microbicida frente al VIH mediante un dispositivo en forma de anillo que, colocado en la vagina, liberaría un fármaco antirretroviral de forma continua. El documento presentado se limita a realizar una descripción de las características de las participantes y los criterios de exclusión y no se sabrá hasta finales de 2016 si el anillo ofrece algún tipo de protección frente al VIH. Por este motivo no pueden extraerse demasiadas conclusiones a partir de los datos publicados.

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

La resiliencia protagoniza nuevo enfoque en gestión de desastres

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Mar, 23/06/2015 - 09:30

Fuertes inundaciones afectaron Yacarta, Indonesia. Crédito: Bigstock

Por Kitty Stapp
NACIONES UNIDAS, Jun 23 2015 (IPS)

Los desastres naturales ya son una realidad para millones de personas en distintas partes del mundo y los pronósticos no hacen más que empeorar las perspectivas.

Desde fuertes tifones pasando por inundaciones y sequías hasta deslizamientos de terreno, todos son episodios que tienden a ampliar las desigualdades ya existentes entre y dentro de los países y a dejar a las personas más pobres literalmente sin nada.

Solo en 2013, tres veces más personas perdieron su hogar por desastres naturales que por la guerra, según un nuevo informe del Instituto para el Liderazgo en Sostenibilidad de la británica Universidad de Cambridge.“El mayor error es esperar a que ocurra algo para responder”: Chloe Demrovsky.

El documento, que recomienda incorporar un seguro de riesgo accesible a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que entrarán en vigor a fines de este año, considera que se trata de una cuestión de derechos humanos.

“Los estados y otros actores tienen el deber de proteger el derecho humano a la vida, al sustento y a la vivienda de sus ciudadanos, quienes pueden estar en riesgo por peligros naturales si la exposición es alta y la resiliencia baja o inadecuada”, señala la autora del informe, Ana González Peláez.

“El seguro es un elemento esencial en la construcción de resiliencia, y para que este pueda funcionar de forma adecuada, es necesario crear un marco normativo”, explicó.

Por lo menos parte de esos recursos pueden destinarse a las medidas de adaptación que los países discutirán en París, indicó, refiriéndose a la 21 Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) que se realizará en diciembre.

A principios de este mes, el Grupo de los siete (G 7) países más ricos, se comprometió a asegurar a unas 400 millones de personas en situación vulnerable contra riesgos vinculados al cambio climático. Eso puede lograrse mediante una combinación de sistemas de seguros público, privado, mutual o cooperativo.

El gerente de programa de ClimateWise, Tom Herbstein, entre cuyos miembros tiene a 32 de las principales compañías de seguros, dijo que muchas de ellas exploran formas de ampliar la cobertura en los mercados emergentes y a las comunidades vulnerables.

Eso incluye utilizar pronósticos climáticos de largo plazo para sustentar la cobertura de los pequeños agricultores con la African Risk Capacity, creada para ayudar a los miembros de la Unión Africana a responder a los desastres naturales.

“Pero entrar a esos mercados supone muchos desafíos”, precisó Herbstein en diálogo con IPS.

“Entre ellos, la distribución de modelos inadecuados para productos con prima baja; falta de datos actuariales históricos; población con dificultades para comprender productos financieros de los cuales nunca obtendría un beneficio; y una inseguridad política y normativa generalizada”, acotó.

Por último, indicó, si la cobertura de las comunidades pobres se va a incorporar “será necesaria la coordinación entre aseguradoras, dirigentes políticos, reguladores y otros actores a fin de reducir los riesgos, vale decir los costos, asociados al ingreso en ese tipo de mercado nuevo y desafiante”, añadió.

Peláez señaló que los microseguros también avanzan en la estrategia de incorporación de grandes aseguradores comerciales como Alliance y Swiss Re.

En enero de 2015, un consorcio de ocho instituciones globales anunció la creación de Blue Marble Microinsurance, una entidad formada para abrir mercados y ofrecer protección de riesgos en países en desarrollo y de pocos recursos.

Ya se han obtenido logros. Tras el tifón Haiyan, en octubre de 2013, CARD MBA de Filipinas pagó a casi 300.000 clientes afectados por la catástrofe en los primeros cinco días que siguieron al episodio.

Pero algunos especialistas en desastres también sostienen que más vale prevenir que lamentar, y que aun las mejores intenciones pueden arrojar resultados mediocres.

Haití es el principal ejemplo. Hace más de cinco años, un terremoto brutal sacudió a ese país caribeño, que ya era el más pobre de la región, y dejó a más de 230.000 personas muertas.

Un año después, el Comité Internacional de la Cruz Roja dio inicio a un proyecto multimillonario llamado Lamika para reconstruir las viviendas dañadas o destruidas, y reunió casi 500 millones de dólares en donaciones. Pero según una investigación realizada este año por ProPublica, solo se construyeron seis casas.

La directora ejecutiva de Instituto de Recuperación de Desastres (DRI, en inglés), Chloe Demrovsky, dijo que ayudar a las comunidades locales enseguida después del desastre nunca será tarea simple.

“El mayor error es esperar a que ocurra algo para responder”, indicó a IPS.

“Muchos desastres podrían prevenirse concentrándose en la preparación previa de las comunidades. Cada desastre presenta desafíos únicos, por lo que no existe la posibilidad de aplicar un enfoque común para todos”, explicó.

“Por ese motivo, la idea de promover la resiliencia gana terreno frente a enfoques tradicionales de reducción del riesgo de desastre. Resiliencia se refiere a la capacidad de recuperarse de un golpe”, subrayó Demrovsky.

“La resiliencia de una comunidad en términos de recuperación tras un desastre depende de los recursos, del nivel de preparación y de la capacidad organizativa de la comunidad. Las comunidades fuertes se recuperan más rápido”, acotó.

El concepto de “continuidad operativa” es un elemento clave en la construcción de sistemas resilientes, prosiguió Demrovsky.

“Las comunidades vulnerables siempre son las más golpeadas cuando hay un desastre a gran escala y es importante que el gobierno despliegue suficientes recursos y rápido para ayudar en la recuperación. Si el sector privado está bien preparado, eso reducirá la carga sobre el Estado y le permitirá concentrar recursos en las comunidades más perjudicadas”, añadió.

“El sector privado debe estar incluido en cada etapa del proceso para que sea un recurso, en vez de un potencial detractor de los grandes objetivos de mejorar nuestro enfoque respecto de la asistencia frente a un desastre”, puntualizó.

Es más útil ofrecer donaciones en efectivo que enviar bienes materiales, y es preferible dar a una organización local que a una internacional de renombre, observó.

“Las organizaciones locales están acostumbradas a trabajar en la comunidad, comprenden su sistema único y están capacitadas para identificar más rápido las necesidades. Como son locales, permanecerán en el área por mucho tiempo, aun después de que el flujo original de ayuda comience a menguar”, precisó Demrovsky.

“Finalmente, necesitamos aprender de las experiencias pasadas y comenzar a prepararnos para el próximo desastre antes de que ocurra. Muchas tragedias se pueden evitar con un buen plan. Las cosas pasan, pero los desastres son producidos por actividades humanas”, recordó.

Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Verónica Firme

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

ONU da el primer paso hacia un tratado para preservar el alta mar

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) - Lun, 22/06/2015 - 20:50

Una tortuga en una zona marina protegida. Crédito: Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 22 2015 (IPS)

La Asamblea General de la ONU, compuesta por 193 Estados miembros, adoptó una resolución para redactar un tratado internacional jurídicamente vinculante que conserve la vida marina y regule las aguas de alta mar, aquellas que se encuentran fuera de toda jurisdicción nacional.

La resolución del viernes 19 fue el resultado de más de nueve años de negociaciones por un Grupo de Trabajo Especial, que sesionó por primera vez en 2006."Esta decisión innovadora nos pone en el camino para tener un marco legal instalado que permita la gestión integral de las zonas oceánicas fuera de la jurisdicción nacional”: Elizabeth Wilson.

Si el tratado llega a concretarse, será el primero a nivel mundial que incluya medidas de conservación, incluidas áreas y reservas marinas protegidas, evaluaciones de impacto ambiental, acceso a recursos genéticos marinos y reparto de beneficios, creación de capacidades y la transferencia de tecnología marina.

La Alianza de Alta Mar (HSA, en inglés), una coalición de 27 organizaciones no gubernamentales, tuvo mucho que ver en las negociaciones sobre el tratado propuesto y ha hecho campaña por esta resolución desde 2011.

IPS le preguntó a Elizabeth Wilson, directora de política internacional oceánica de la organización humanitaria The Pew Charitable Trusts, una integrante de la coalición, si el tratado estará pronto para la fecha prevista de 2018. “No exactamente, aunque sí esperamos un progreso significativo”, respondió.

Se prevé que la primera ronda de negociaciones formales tenga lugar en 2016 y que continúe hasta 2017.

La Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) decidirá en septiembre de 2018 si se convocará a una conferencia intergubernamental que establezca el  texto del acuerdo y fije una fecha de inicio de la misma.

Wilson dijo que es probable que la conferencia intergubernamental se reúna entonces varias  veces a lo largo de aproximadamente dos años para lograr ese objetivo.

“Esta decisión innovadora nos pone en el camino para tener un marco legal instalado que permita la gestión integral de las zonas oceánicas fuera de la jurisdicción nacional”, respondió Wilson a la pregunta de si el tratado cambiará la actual “anarquía” que reina en alta mar.

Hoy en día, las aguas internacionales se rigen por un mosaico inadecuado de acuerdos y organizaciones internacionales, regionales y sectoriales.

Un tratado nuevo ayudaría a organizar y coordinar la conservación y la gestión de los océanos. Esto incluye la capacidad de crear reservas marinas totalmente protegidas donde no se permitan las actividades nocivas. En la actualidad no hay manera de contar con este tipo de protección jurídicamente vinculante, agregó Wilson.

Las aguas de “alta mar representan casi la mitad de nuestro planeta, la mitad que se dejó sin leyes ni protección durante demasiado tiempo. Se necesita con urgencia una red mundial de reservas marinas para devolverle la vida al océano. Eso debería suceder con este nuevo tratado”, afirmó Sofia Tsenikli, de la organización ecologista Greenpeace.

En un comunicado difundido el viernes 19, HSA señaló que la resolución sucede a la conferencia Río+20, celebrada en Río de Janeiro en 2012, donde los jefes de Estado y de gobierno se comprometieron a encarar la protección de las aguas de alta mar.

En esa ocasión se estuvo cerca de acordar un nuevo tratado, pero surgió el obstáculo de unos pocos gobiernos, que permanecen contrarios al tratado desde entonces.

La Convención sobre el Derecho del Mar (Unclos), que fue adoptada en 1982, es reconocida como la “constitución” de la gobernanza mundial de los océanos, pero tiene un alcance amplio y no incluye las disposiciones pormenorizadas necesarias para abordar actividades específicas, ni establece un mecanismo de gestión ni las normas para proteger la biodiversidad en alta mar, explicó Wilson.

Desde la adopción de la Unclos hubo dos acuerdos de aplicación posteriores para hacer frente a sus deficiencias y otras áreas que la Convención no abarcaba del todo, uno relacionado con la minería en el fondo marino y el otro con las poblaciones de peces sumamente migratorios, precisó.

Este nuevo tratado sería el tercer convenio de aplicación desarrollado desde la Unclos, recordó Wilson.

La resolución del viernes subraya “la necesidad de que el régimen mundial integral aborde mejor la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las áreas fuera de la jurisdicción nacional”, según la HSA.

La resolución permite un proceso preparatorio de dos años para considerar los elementos que comprendería el tratado.

Ese proceso comenzará en 2016 y culminará a fines de 2017, con la decisión de convocar la conferencia de negociación formal del tratado en 2018.

Las aguas de alta mar son los mares que están más allá de la zona económica exclusiva de los países, que constituyen 64 por ciento de los océanos, y el fondo marino que yace fuera de la plataforma continental de un país, explica un informe previo publicado por la HSA.

Estas áreas representan casi 50 por ciento de la superficie de la Tierra, e incluyen a algunos de los ecosistemas más importantes, amenazados y menos protegidos del planeta.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga

Artículos relacionados

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis

Las células dendríticas serían esenciales en la respuesta inmunitaria de los controladores de élite frente al VIH

gTt-VIH - La noticia del día - Lun, 22/06/2015 - 13:52

Un estudio publicado en la edición del 11 de junio de PLoS Pathogens ha concluido que las células dendríticas desempeñarían un papel esencial en el control de la replicación viral que presentan los controladores de élite, aquellas personas cuyo organismo puede no solo mantener bajo control la progresión de la infección por VIH sino también hacerlo manteniendo una carga viral indetectable.

Los mecanismos que explican la efectividad frente al VIH del sistema inmunitario de los controladores de élite son múltiples y no del todo conocidos, aunque múltiples estudios han mostrado que la respuesta mediada por las células T es esencial e imprescindible para explicar dicha efectividad. Estudios más recientes, sin embargo, han evidenciado que para el mantenimiento de la funcionalidad de las células T se precisa de un adecuado engranaje inmunitario tanto en lo relativo a la inmunidad innata –o inespecífica– como a la adaptativa, es decir la que se articula tras la presentación de antígeno. En este contexto, las células dendríticas tienen un papel clave, ya que fagocitan patógenos (inmunidad innata) y procesan sus antígenos para presentarlos a los linfocitos T, por lo que también forman parte de la respuesta adaptativa.

Categorías: VIH-SIDA y hepatitis